La Paz, 8 ene (RHC) El dirigente opositor Andrónico Rodríguez advirtió a las autoridades golpistas de Bolivia que  dentro de dos semanas debe terminar su mandato según establece la constitución y denunció la ausencia de garantías para las próximas elecciones.

El régimen, por su parte, sumó al oficialista Comité Cívico del oriental departamento de Santa Cruz a sus amenazas de represión contra las movilizaciones pacíficas anunciadas por Andrónico para el 22 de enero, cuando, según la Carta Magna, culmina el actual período constitucional iniciado en 2014.

Rodríguez, precandidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS) ratificó además que el próximo fin de semana las bases del MAS y de las organizaciones sociales integrantes del Pacto de Unidad, decidirán las medidas a tomar desde el 22 de enero.

Hay que acatar la Constitución que indica que el 22 de enero debe terminar el actual gobierno, lo que genera incertidumbre total “y lo peor es que quieren llevar adelante las elecciones generales en una situación en la que no hay garantías”.

“Hay una operación sistemática para descabezar y destrozar a la dirigencia del MAS. De manera muy silenciosa, las persecuciones de dirigentes siguen, y lo peor es que están montando, sembrando pruebas para catalogarlos de narcotraficantes, terroristas o sediciosos”, advirtió.

El joven dirigente llamó al régimen golpista a reflexionar y tener en cuenta que no son un gobierno electo y su única misión es llevar adelante las elecciones y no entrar en otras decisiones que no les corresponden.

Los intentos de amedrentamiento y la persistente represión forman parte de una política dual expresada hoy en un llamado al diálogo del viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Eddy Luis Franco.

El funcionario pidió a las federaciones de cultivadores de coca del departamento de Cochabamba, presidida por Andrónico Rodríguez, y a la Mancomunidad de Municipios de ese territorio, dialogar sobre sus demandas.

Añadió que el gobierno pretende incluir el retorno de la policía a la zona cocalera del Chapare, Cochabamba, de la que fue expulsada tras la masacre de Sacaba contra una marcha antigolpista, en noviembre pasado.

Como parte de la política dual, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, declaró que el gobierno descartó eliminar el feriado del 22 de enero, en homenaje a la fundación del Estado Plurinacional impulsado por el presidente Evo Morales y el MAS, aunque dijo que la jornada será laborable.

En contraste con los supuestos gestos de distensión, el Comité Cívico de Santa Cruz emitió un comunicado en el que refiere que las movilizaciones anunciadas forman parte de un supuesto plan del expresidente Evo Morales -exiliado en Argentina- para intentar dar un golpe de Estado.

El texto afirma que, ante ello, “saldremos nuevamente a las calles”, en alusión a la violencia racista que los grupos de choque del Comité y de otras regiones, desataron para desestabilizar al gobierno de Morales y obligarlo a renunciar bajo presión militar.

Demandó además al ministerio de Gobierno (Interior) a que actúe contra la supuesta sedición, aunque ya el titular de esa cartera, Arturo Murillo, lanzó una sugerida amenaza a Andrónico Rodríguez, al advertirle que su radicalismo pone en riesgo su futuro.

Además, el titular de Defensa del régimen, Luis López, añadió que, ante el anuncio de protestas, las Fuerzas Armadas “haremos lo que tengamos que hacer”.

 El gobierno de facto de Bolivia aspira a prorrogar el mandato de Jeanine Áñez con la excusa de que el plazo para las elecciones se extiende más allá de la fecha para abandonar los cargos, reseñan hoy medios locales.

Áñez, se autoproclamó presidenta transitoria del país andino sin el aval del parlamento dos días después de que el mandatario Evo Morales renunciara, forzado por la postura golpista del Ejército en medios de protestas por fraude electoral generadas por un informe incompleto de la Organización de Estados Americanos.

De acuerdo con la ley, Áñez cesa en el cargo el 22 de enero, mientras que las elecciones generales fueron fijadas por el Tribunal Supremo Electoral para el 3 de mayo.

El ministro de Justicia del gobierno de facto, Álvaro Coímbra, exhortó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a prorrogar el mandato de Áñez y otras autoridades, decisión que calificó como “la más importante de la época democrática de nuestro país”, según el diario El Deber.

Aun se desconoce la postura del TCP al respecto y se esperan reacciones en contra de constitucionalistas y grupos opuestos al gobierno de facto, que podría ver a sus titulares de Gobierno y Defensa a disposición de lo tribunales por la represión de los uniformados a las manifestaciones de los seguidores del depuesto presidente Evo Morales.

Bolivia elegirá en mayo nuevo presidente y vicepresidente, cargos para los que de acuerdo con encuestas recientes aparecen como favoritos los candidatos designados por el partido Movimiento al Socialismo (MAS), a ser elegido en asamblea de la organización el 19 de enero.