Madrid, 3 feb (RHC) El Gobierno del Partido Popular (PP), bajo el liderazgo del expresidente Mariano Rajoy, destruyó evidencias que incriminaban a su formación política en un caso de corrupción que estaba siendo investigado por la Justicia.

Se estima la cifra de 500.000 euros del arca pública para sobornar al chófer de Bárcenas mientras se colocaban cámaras espía y micrófonos en el domicilio del extesorero, donde presuntamente guardaba documentación comprometedora para líderes del Partido Popular. También se usó para financiar los seguimientos a todos los miembros de la familia Bárcenas, incluida la empleada del hogar.

La información, todavía clasificada como secreta por el Ejecutivo, desvela que el Ministerio del Interior destinó ese monto entre 2013 y 2015 a una operación, denominada 'Kitchen', de la 'Policía política' para destruir pruebas comprometedoras que supuestamente se encontraban en poder de Luis Bárcenas, el extesorero del partido político.

Asimismo, los documentos indican que ese dinero también se empleó para pagar a un falso cura que, a punta de pistola, secuestró a la esposa y al hijo de Bárcenas, con intención de hacerse con las pruebas que se encontraban en su domicilio.
Policías engañados

Según la información publicada por la Cadena Ser, solo estaban al corriente de la Operación Kitchen dirigentes políticos y un pequeño grupo de policías, liderados por el exdirector Adjunto de la Policía Nacional, Eugenio Pino.

El resto de funcionarios que participaron en los diferentes operativos no conocían las verdaderas intenciones de las actividades que estaban llevando a cabo y creían que seguían instrucciones del juzgado de la Audiencia Nacional que investigaba la financiación irregular del PP –el conocido como caso de la caja B–, en vez de estar ayudando a destruir pruebas al servicio del partido en el Gobierno.