La Haya, 13 feb (RHC) El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, introdujo ante la Corte Penal Internacional en La Haya una demanda por las medidas ilegales impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra la nación bolivariana, calificadas por el país suramericano como crímenes de lesa humanidad.
En rueda de prensa posterior, Arreaza aseguró que las agresiones de la administración estadounidense contra la nación bolivariana tienen como fin político forzar un cambio de gobierno por la vía inconstitucional.
'Tenemos el derecho, la obligación y la responsabilidad de proteger a nuestro pueblo, de acuerdo con los principios de la Carta de Naciones Unidas', recalcó.
El presidente Nicolás Maduro había anunciado que el gobierno nacional denunciaría ante instancias jurídicas internacionales a la administración de Donald Trump, para lo cual encomendó a Arreaza, así como a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y al procurador general, Reinaldo Muñoz, a preparar y activar la demanda.
'Vamos a buscar justicia, basta de tanta agresión infame', sentenció Maduro, al tiempo que apuntó que las medidas coercitivas y unilaterales son maniobras criminales de gobiernos hegemónicos.
El bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos impacta de manera negativa en la vida de los venezolanos, con mayor énfasis en los sectores de la alimentación y la salud.
En 2015 el entonces presidente norteamericano, Barack Obama definió a Venezuela como amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y para la política exterior de Estados Unidos.
Luego en 2017, el actual mandatario Donald Trump recrudeció las agresiones y congeló los bienes de funcionarios venezolanos, con lo cual quedaron bloqueados los de la empresa estatal Petróleos de Venezuela y el dinero en bancos internacionales.
Un año después, la administración de Trump aplicó acciones ilegales contra 20 empresas estatales y dictó medidas punitivas contra las exportaciones de oro venezolano.
Para 2019, las cuentas de las empresas petroleras estaban congeladas y fueron sancionadas 34 embarcaciones de la nación bolivariana, las cuales transportaban petróleo y alimentos.
La más reciente arremetida del gobierno estadounidense tuvo lugar el pasado 7 de febrero, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a 40 aviones del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa) en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
Como justificación para la medida, el gobierno estadounidense expuso que el presidente Maduro utiliza a Conviasa para promover su propia agenda política, incluido el traslado de funcionarios a países como la República Popular Democrática de Corea, Cuba e Irán.
Por este tipo de castigos se prohíbe a los sancionados realizar transacciones con entidades norteamericanas y sus posibles activos bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados.
La medida pretende impactar en la flota de aviones de la aerolínea estatal, acción que atenta contra los tratados internacionales sobre el transporte aéreo.(PL)
