Brasilia, 3 may (RHC) El exministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, se presentó ante las autoridades de Curitiba en el contexto de una investigación contra el presidente Jair Bolsonaro.
Moro tendrá que demostrar ante la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba la reciente denuncia que hizo contra el mandatario brasileño, de intentar “interferir políticamente” en las fuerzas de seguridad.
El exministro, exaliado de Bolsonaro, cuando renunció al cargo hace una semana lo acusó de tratar de acceder a algunos procesos en curso en los tribunales y se proponía “interferir políticamente” en la Policía Federal que investiga a dos de los hijos del líder ultraderechista.
Moro fue el juez que logró apartar de Lula da Silva de la carrera presidencial, al acusarlo sin absolutamente pruebas de nada y facilitar que Bolsonaro ganara las presidenciales.
Posteriormente, fue designado como Ministro de Justicia, pese a que estalló un escándalo por unas cintas grabadas donde se demostraba que Moro presionó e interfirió gravemente en el sistema de justicia para encarcelar al expresidente de izquierda.
Moro dimitió precisamente por la decisión de Bolsonaro de cesar al hasta entonces director de la Policía Federal, Mauricio Valeixo, para sustituirlo por uno cercano al presidente.
Tras la renuncia de Moro, Bolsonaro nombró como nuevo jefe policial al comisario Alexandre Ramagem, amigo familiar y de sus hijos: el senador Flavio y el concejal de Río de Janeiro, Carlos, ambos investigados por diversas irregularidades y corrupción.
Ahora, según el periodista Guilherme Amado, de la revista Época, Moro entregará a los jueces un archivo histórico de quince meses de conversaciones que sostuvo con Jair Bolsonaro por Whatsapp, para probar sus denuncias sobre la interferencia presidencial en el comando de la Policía Federal.
A partir de la declaración dada por Moro al renunciar, se desprende que Bolsonaro pudo incurrir en delitos de carácter penal, como obstrucción a la justicia y falsedad ideológica en documento público, entre otros.
Si hubiera indicios suficientes, la Fiscalía podría presentar una denuncia contra Bolsonaro ante el Tribunal Supremo, el cual solo podría darle curso con el aval de una mayoría de 342 de los 513 miembros de la Cámara de Diputados.
Si esa mayoría fuera alcanzada, Bolsonaro sería suspendido de su cargo durante 180 días, el plazo del Supremo para realizar el juicio, y si el mandatario fuera declarado culpable, sería destituido.
Fuente: Hispantv
