Bogotá, 5 jun (RHC) Organizaciones campesinas y defensoras de Derechos Humanos denunciaron una nueva arremetida de fuerzas del Ejército colombiano y elementos de el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) contra campesinos en la región del Guayabero entre los departamentos del Meta y el Guaviare, Colombia.
A través de un comunicado la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) indica que los efectivos del ejército y el Esmad dispararon contra un grupo de campesinos que manifestaban de forma pacífica contra la erradicación de cultivos y demandaban el cumplimiento de los acuerdos de paz, destaca Telesur.
Indicaron que entre los heridos se encuentra el periodista campesino Fernando Osorio Gallo, quien podría perder una mano producto de un a herida por artefacto explosivo lanzado por la Esmad.
Los hechos fueron denunciados a la Alianza Campesina Étnica y Comunitaria del Guaviare y Sur del Meta.
Anzorc rechaza la manera violenta en que el Gobierno de Iván Duque lleva adelante las operaciones de erradicación de cultivos en la región de Guayabero. Ante los hechos políticos colombianos rechazan la represión contra el grupo de campesinos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
"Esto que está sucediendo es una reedición de las formas históricas con las que el Estado ha pretendido solucionar problemas que son fundamentalmente sociales, dándoles un tratamiento militar. Se está reprimiendo a campesinos en las regiones más apartadas y empobrecidas de nuestro país. El Estado sólo llega en forma de helicópteros artillados, bombas, metralletas y balas", aseguró el representante a la Cámara Sergio Marín.
La senadora Sandra Ramírez estableció que "esta es la forma como Iván Duque está agrediendo a los campesinos, en lugar de implementar el programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. El Gobierno no quiere parques con campesinos, y por eso es que quieren desplazarlos. Pero, ¿a dónde se van a ir, si no tienen opciones por parte del Gobierno?".
El senador Carlos Lozada señaló que la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo deben asumir sus competencias y tomar medidas para que no se sigan atropellando de esta manera los derechos humanos en nuestro país.
(Telesur)