Caracas, 21 sep (RHC) El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela expresó mediante un comunicado su rechazo a un informe sobre los Derechos Humanos (DD.HH.) contra el país elaborado por una comisión paralela al Grupo de Lima.

El poder judicial venezolano indicó que el objetivo del informe se centra en utilizar el tema de los Derechos Humanos como una herramienta política para cuestionar la institucionalidad democrática y propiciar agresiones contra el país suramericano.

Al respecto el presidente del TSJ, Magistrado Maikel Moreno explicó que “el informe publicado el 16 de septiembre sobre Derechos Humanos carece de legitimidad necesaria para sostener y promover este tipo de documentos”.

El magistrado Moreno sostuvo que el documento es contrario a los principios del Derecho Internacional, como por ejemplo el derecho a la soberanía, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, a la no injerencia en los asuntos internos y la integridad territorial.

Asimismo tildó el documento como una “franca manipulación” y explicó que su contenido utiliza de manera incorrecta el sistema internacional de DD.HH.

El presidente del TSJ aseguró que la finalidad de la comisión paralela al Grupo de Lima es pretender “aniquilar la verdadera imagen sobre las garantías a los derechos humanos impulsado por la República Bolivariana de Venezuela”. “Convirtiéndose esta supuesta Misión Independiente en un nuevo mecanismo de agresión, que pretende esbozar y publicitar una serie de apreciaciones sesgadas y unilaterales sobre la situación de los derechos humanos en el país”.

En ese sentido se alertó que el informe no fue realizado en territorio nacional por lo que incumple los protocolos esenciales para la verificación y consolidación de la información que se obtiene.

El TSJ expone que son los “promotores del odio” los autores del referido documento, los “enemigos” internos y externos de Venezuela, “quienes con doble moral cuestionan la aplicación y el desarrollo de los derechos humanos en nuestro país, escondiendo su grave crisis social y la erosión de estos derechos en sus propios territorios”.

“Lamentamos que estas prácticas al margen de la racionalidad y de la buena fe, que rigen las relaciones internacionales entre los Estados y los organismos multilaterales como las Naciones Unidas, sirvan de instrumento para tratar de entorpecer y destruir los procesos de diálogo establecidos entre el Gobierno Nacional y la oposición, para la resolución pacífica y democrática de sus conflictos”, explica el comunicado del poder judicial.

Fuente: Telesur