La Paz, 4 feb (RHC) La Procuraduría General del Estado de Bolivia informó que está procesando más de 15 casos de corrupción cometidos durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez.
El procurador general del Estado de Bolivia, Wilfredo Chávez, dijo que esa dependencia tiene abiertas una quincena de investigaciones por hechos de corrupción cometidos durante el gobierno de facto, que encabezó la entonces autoproclamada “presidenta interina” Jeanine Áñez, en menos de un año en el poder.
En declaraciones a radio Patria Nueva, recogidas por medios locales, Chávez reveló que entre las pesquisas abiertas sobre la gestión del gobierno golpista se puede señalar el manejo anómalo de 11 millones de bolivianos (algo más de 1 500 000 dólares) de compras en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), pagos irregulares en Entel S.A., empresa estatal de telecomunicaciones, viviendas, entre otros.
“Es un grupo grande de procesos que estamos siguiendo”, sostuvo el titular del ente público, que advirtió que durante el gobierno de facto—que tomó el control del país entre el 12 de noviembre del 2019 hasta el día 8 del mismo mes del año siguiente— se dejó “indefenso al Estado” porque los funcionarios de la gestión anterior “priorizaron la persecución política y los gastos dispendiosos”
El funcionario público citó otros posibles casos de corruptela, protagonizada en este caso por exautoridades de la Procuraduría cuando pagaron en su última jornada de gestión 90 000 bolivianos (casi 13 000 dólares) “en concepto de viáticos y viajes”, y que en 24 días realizaron “un desembolso de dinero por más de 11,2 millones”.
La paralización de la Planta Termoeléctrica del Central de Bulo Bulo, situada en las afueras de Cochabamba, y la destrucción de una costosa turbina termoeléctrica podría constituir otro caso más, sostuvo, para luego agregar a la lista la “compra irregular de [170] respiradores” para los pacientes bolivianos del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19.
Denunció que hubo compras efectuadas por YPFB para la instalación y funcionamiento de presuntos hospitales móviles para atender a los empleados del yacimiento petrolero contagiados de la COVID-19, lo que, según él, “constituyó en un engaño y un gasto millonario”.
Para el funcionario, el gobierno de facto, que se instaló tras el golpe de Estado urdido contra el entonces presidente Evo Morales, tomó a “las empresas estratégicas como botín de guerra”.
Con el restablecimiento del orden constitucional en Bolivia luego de celebrarse las elecciones presidenciales en octubre de 2020, que dieron la victoria al candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, su Ejecutivo se ha propuesto a resarcir y reponer los daños ocasionados por los el gobierno golpista.
(HispanTV)
