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Lima, 5 mar (RHC) El Tribunal Constitucional -TC-, rechazó este viernes por mayoría un recurso que pretendía excarcelar al expresidente Alberto Fujimori, quien cumple una condena a prisión de 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción.

El recurso pretendía que el TC anule un fallo del Poder Judicial que el año pasado rechazó el pedido de Hiro y Sachie Fujimori, hijos del preso, en el que pedían que termine de cumplir su condena en un fundo agrícola de ambos en Sayán, en el norte de la región de Lima.

El TC rechazó por mayoría tratar siquiera el recurso de los hijos del reo, por corresponder el asunto al Poder Judicial, vía que no se ha agotado para los demandantes, y porque la decisión cuestionada no afecta arbitrariamente los derechos de Fujimori.

Hiro y Sachi Fujimori alegaban la avanzada edad de su padre (82 años), sus males crónicos y el riesgo de que se contagie de la COVID-19.

Las dos primeras razones fueron invocadas en diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski para otorgarle un indulto humanitario al exgobernante y liberarlo, pero el Poder Judicial declaró ilegal la medida y la anuló.

Por haber cometido crímenes de lesa humanidad como autor mediato, Fujimori no puede ser indultado salvo con un perdón humanitario sujeto a la verificación de que el encierro pone en peligro inminente su vida y a un protocolo estricto que no fue cumplido, por lo que el preso volvió a la cárcel.

El riesgo de contagio de coronavirus es casi inexistente, porque Fujimori vive en un presidio exclusivo, construido para albergarlo en un cuartel policial del lado este de la ciudad.

La hija mayor de Fujimori, quien se opuso al indulto por rivalidad con su hermano Kenji, pues la gracia fue producto de un acuerdo entre este y Kuczynki, ofrece en su actual campaña electoral por la presidencia, indultar a su padre, pese a que en la campaña de 2011 prometió no usar el poder para liberarlo.

El exgobernante enfrenta además un proceso por un programa de esterilización masiva y forzada de miles mujeres pobres e indígenas, que alcanzó a un total de 272 mil, según la Defensoría del Pueblo.

Además, tiene pendiente un juicio como autor mediato de una matanza similar de dos masacres por las que fue condenado en 2009 a 25 años, que se cuentan desde que en 2006 fue detenido en Chile a su llegada de Japón, a donde se había fugado a fines de 2000 tras un escándalo de corrupción. (Fuente: Prensa Latina).