Ordena justicia boliviana aprehensiones de dos políticos golpistas

Editado por Bárbara Gómez
2021-03-19 18:24:04

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Foto: Internet.

La Paz, 19 mar (RHC) La justicia boliviana ordenó este viernes las aprehensiones del empresario Fernando Camacho y el exministro de la Presidencia Yerko Núñez, ambos acusados por las secuelas del golpe de Estado de 2019, publicó un diario local.

La exdiputada del Movimiento Al Socialismo Lidia Patty comunicó la detención de Camacho; mientras la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen -Felcc-, ratificó una alerta migratoria contra Núñez, añadió el periódico Página Siete.

Según Patty, el empresario de Santa Cruz, electo gobernador de ese departamento en los comicios regionales, es culpable de iniciar la asonada de noviembre de 2019 que expulsó del poder al entonces presidente Evo Morales.

'Camacho tiene que venir a rendir cuentas a la justicia', declaró Patty, promotora del proceso contra los autores del golpe de Estado, que incluyen a la expresidenta del gobierno de facto Jeanine Áñez y a dos de sus principales ministros.

Por su parte, el director nacional de la Felcc, Alberto Aguilar, señaló que Núñez 'tiene alerta migratoria, orden de aprehensión y es buscado por la Policía'.

El militar explicó que sus efectivos ejecutan las correspondientes operaciones de búsqueda del exministro en el departamento de Beni, donde fue arrestado su hijo mayor Antonio Núñez y liberado después.

Las autoridades encarcelaron el miércoles al excomandante del Ejército Pastor Mendieta, otro de los militares procesados por el golpe de Estado de 2019, junto a civiles como Áñez.

El proceso contra los acusados por aquellos hechos busca hacer justicia y esclarecer aspectos sobre la renuncia del presidente Morales, enfrentado a presiones como un presunto fraude electoral y paros cívicos, para que dimitiera.

Los encartados junto a la expresidenta son los exministros de Justicia Álvaro Coímbra; y de Energía Rodrigo Guzmán, quienes completan un grupo sometido a prisión preventiva por cuatro meses.

Las acusaciones contra los civiles y militares que en noviembre de 2019 contribuyeron a la renuncia de Morales comprenden delitos de sedición, conspiración y terrorismo. (Fuente: Prensa Latina).



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