Bogotá, 24 may (RHC) El Equipo Jurídico y Humanitario 21 N, la Corporación Justicia y Dignidad, y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, publicaron un informe donde revelan denuncias de sitios utilizados por paramilitares y policía para detención, tortura y hasta desapariciones de manifestantes en la ciudad colombiana de Cali, en el departamento del Valle del Cauca.
"Desde el pasado 13 de mayo de 2021 nuestras organizaciones han recibido relatos absolutamente escabrosos y delicados que hieren la conciencia de la humanidad por el comportamiento y las prácticas policiales", alerta el informe.
Las organizaciones defensoras de Derechos Humanos (DD.HH.) aseveran que desde el pasado 2 de mayo se tienen denuncias de que el Centro Administrativo Municipal (CAM) de Cali es utilizado presuntamente como centro encubierto de operaciones por parte de la fuerza pública.
"Algunos jóvenes fueron llevados a unos sótanos (del CAM), horas más tarde eran sacados en camionetas polarizadas (...) fuentes posteriores informaron de la movilidad de camiones que, al parecer, hacen parte de medios usados por la Policía para su movilidad.
En algunos de estos se habrían llevado jóvenes en horas de la noche al sector conocido como Mulaló, corregimiento de Yumbo, ubicado a 30 minutos de Cali. Allí, en un paraje previamente preparado estarían descargando cuerpos de jóvenes de los barrios populares que participan en las movilizaciones y que se dan por desaparecidos", explica el documento.
El informe revela que desde el pasado 14 de mayo se conocieron denuncias de posibles fosas comunes en zonas rurales de los municipios de Buga y Yumbo, sectores aledaños a Cali, "en esos sitios, aparentemente se estarían llevando los cuerpos de muchos jóvenes caleños", agregan.
El documento especifica que algunos jóvenes de Cali reportados como desaparecidos fueron asesinados en los municipios de Guacarí y Buga (ubicados a menos de 40 minutos de Cali), "algunos de los sobrevivientes de los ajusticiamientos fueron encontrados con heridas por arma de fuego en centros asistenciales y hoy se encuentran aterrorizados y escondidos", acotan.
Las organizaciones revelan en su informe que en Ciudad Jardín, barrio situado en Cali y donde personas vestidas de blanco atacaron a la minga indígena a tiros, se habrían instaurado las casa de Pique, lugar usado para descuartizar a la gente.
"Hoy 23 de mayo, se conoció una versión más delicada de las operaciones de los grupos de civiles armados protegidos por policiales. Se habrían instalado una Casa de Pique en el exclusivo lugar de Ciudad Jardín", expresa el informe.
El documento asegura que los ciudadanos tienen temor de denunciar los hechos escalofriantes que se han perpetrado tanto por la Policía como de un grupo de civiles armados apoyados por la fuerza pública, "ante el temor fundado que asiste a eventuales testigos de ser victimizados en su vida, integridad y libertad, se requiere la adopción de medidas técnicas propias de la investigación judicial", añaden.
"Algunos familiares nos han compartido con nuestra organización algunos nombres de los jóvenes que son detenidos, luego llevados a una instalación policial en Meléndez y días después se desconoce de su paradero", puntualiza el pronunciamiento de las organizaciones.
El informe pide al Estado colombiano garantizar los procesos de investigación con expertos del Instituto de Medicina Legal y la Unidad de Búsqueda de Personas desaparecidas, así como de la compañía de organizaciones humanitarias tanto nacionales como internacionales.
(Telesur)