Viceministro Roberto Ríos dialoga con familiares de las víctimas
La Paz, 26 oct (RHC) Los familiares de las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata, Bolivia, que el pasado 19 de octubre salieron desde Caracollo (Oruro) en marcha a pie a lo largo de 192 kilómetros, realizaron una vigilia en la Plaza Murillo de la ciudad de La Paz, en espera de iniciar conversaciones con el Gobierno de Luis Arce para demandar justicia.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, salió al encuentro de los marchistas y les ofreció dialogar con una comisión gubernamental conformada además por los ministros Eduardo del Castillo e Iván Lima, y el director del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, Tito Tornero, propuesta rechazada por el dirigente y representante de los Derechos Humanos de El Alto, David Inca.
Inca solicita el contacto sea con el presidente Luis Arce o la ministra de la Presidencia, María Nela Prada; en tanto Ríos manifestó trasladaría las inquietudes de los congregados a instancias superiores del Ejecutivo. Expresó además que “el trabajo de esta comisión es primero informar respecto a cuáles han sido los avances, cuál es el estado de situación que tenemos respecto algunos puntos que ellos han mencionado”.
Se trata de un pliego de 22 peticiones dirigido al Ejecutivo, entre las que sobresalen determinar y castigar a aquellos responsables del Decreto Supremo 4078 promulgado por la exjefa del régimen de facto Jeanine Añez, el cual exoneraba de responsabilidad penal a militares que participasen en operativos de represión al estallido social de noviembre de 2019; y el cual también involucra a exfuncionarios del Gobierno.
Además, instan a que se cumplan las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la reparación integral y económica a las víctimas.
El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, declaró este domingo a medios locales que el Gobierno trabaja de manera paralela en hacer un censo de las víctimas, un censo de procesos y las reformas a la justicia.
Explicó que se está redactando una proposición acusatoria por torturas, dirigida contra Áñez y otras exautoridades. Este texto se presentará en breve ante la Asamblea Legislativa Plurinacional; al tiempo que agregó que la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados prepara una ley para reparar integralmente a todas las personas que sufrieron violaciones a sus derechos.
Dijo que se estima que ese grupo comprenda unas 5.000 víctimas, que no son solamente las de Sacaba y Senkata, donde se registraron 20.
Sobre estas dos localidades, informó que 18 familias fueron beneficiadas con reparaciones económicas que oscilaron entre 33.000 y 100.000 bolivianos (entre 4.800 y más de 14.000 dólares).
Subrayó que la reparación a esas familias incluye atenciones en materia de salud, educación, empleo y otros aspectos.
Sobre los casos relacionados con las masacres, puntualizó que no están paralizados y recordó que se han de cumplir los plazos procesales y el derecho de las personas imputadas a la defensa.
Las masacres de Sacaba y Senkata sucedieron el 15 y el 19 de noviembre de 2019. El GIEI concluyó que, al reprimir a manifestantes contra el golpe de Estado, las fuerzas de seguridad vulneraron los derechos humanos, cometieron masacres con armas letales, realizaron ejecuciones sumarias e hicieron uso excesivo de la fuerza.
(Telesur)
