Las organizaciones indígenas instaron a sus bases y a la sociedad civil a no permitir la aprobación de un proyecto de ley
que es contrario a sus derechos. (Foto: Fenamad)

Lima, 3 feb (RHC) La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y la Plataforma para la Protección de los Pueblos en Aislamiento y en Contacto Inicial (Piaci) rechazaron este jueves un proyecto de ley que promueve el genocidio de los pueblos indígenas.

En un comunicado, las organizaciones precisaron que el proyecto de ley No. 3518/2022-CR fue presentado en noviembre pasado por un congresista fujimorista, Jorge Marante, y denunciaron que actores estatales y privados se aprovechan de la crisis y las protestas en el país para auparlo sin que despierte oposición.

Aseguraron que, de aprobarse, generaría el exterminio de los Piaci, pues entregaría a gobiernos regionales la facultad de revocar o extinguir las reservas indígenas existentes y evitar la creación de nuevas, y les permitiría anular el reconocimiento oficial de estas comunidades.

Consideraron que esta iniciativa legislativa es anticonstitucional, por su carácter regresivo en materia de derechos humanos.

Alertaron que actores estatales y empresariales montaron una campaña de información espuria para hacer creer que abrir reservas indígenas para los Piaci quitará el territorio y las fuentes de subsistencia a otras comunidades originarias, así como para desprestigiar a Aidesep.

Señalaron que detrás de la divulgación de falsedades están grupos con fuertes intereses económicos, deseosos de explotar los recursos naturales de los territorios indígenas y destruir la Amazonía.

Aidesep y Plataforma Piaci recordaron que el Estado peruano ha reconocido hasta el momento la existencia de 25 Piaci, que viven en la Amazonía desde antes de la creación del Estado actual, y se opusieron a que les sean negados sus derechos "a la vida, integridad, salud y territorio".

Además, instaron a sus bases, a la Defensoría del Pueblo, la sociedad civil, la iglesia e instancias tutelares de derechos humanos a impedir la aprobación de ese proyecto de ley y no abrir paso al enriquecimiento de unos pocos “a costa de las vidas de miles de compatriotas más vulnerables”.

Por otra parte, recalcaron a las autoridades y funcionarios públicos que “su principal obligación constitucional es la defensa de la persona humana y su dignidad, en especial de los grupos más vulnerables de la población”.

Adesep representa a nueve organizaciones regionales, 109 federaciones y 2.439 comunidades de pueblos originarios. Por su parte, la Plataforma Piaci está conformada por la ORAU y Orpio (representaciones de Aidesep en Ucayali y el Oriente peruano, respectivamente), la Federación Nativa del Río Madre de Dios (Fenamad), el Consejo Machiguenga del Río Urubamba (Comaru) y la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de Atalaya (Corpiaa).  (Fuente:Telesur)