Imagen ilustrativa
Bogotá, 4 jul (RHC) La Oficina del Alto Comisionado para la Paz confirmó este martes que en dos semanas el gobierno colombiano iniciará el espacio de conversación sociojurídica con los grupos ilegales Shottas y Espartanos, en Buenaventura, Valle del Cauca.
«Con instalación del espacio de conversación sociojurídica avanza la paz en Buenaventura. Ante la violencia armada estamos con ustedes, ustedes no están solos», alentó la Oficina en un comunicado.
Asimismo, rechazó, al igual que la población de esa ciudad portuaria, las violencias armadas que siguen aterrorizando y ensangrentando la historia de esperanza de la comunidad bonaverense y su anhelo de una paz urbana con justicia social y ambiental.
Explicó en el texto, que las autoridades del país han identificado en su trabajo algunas facciones armadas que están empeñadas en impedir la paz urbana.
«Esas fuerzas deben pensar en el presente y futuro de sus vidas y de Buenaventura, deben parar sus violencias y escuchar al pueblo que sigue padeciendo la muerte de las balas y del hambre», enfatizó.
Explicó que desde la semana pasada, representantes de esta Oficina y del gobierno en su conjunto, están en Buenaventura de manera permanente preparando las condiciones y el plan de trabajo de MisiónPaz.
Esta es una propuesta de fortalecimiento de los procesos ciudadanos de construcción de paz en medio de las confrontaciones armadas y los sabotajes, principalmente en los barrios Los Ángeles, en la comuna 6, Nueva Colombia, en la Comuna 11 y Juan XXIII y San Francisco, en la Comuna 7.
«El acercamiento con Shotas y Espartanos ha permitido avanzar hacia el inicio en las próximas dos semanas del Espacio de Conversación Sociojurídica, que contará con testigos nacionales e internacionales y veedurías civiles, y partirá de una base de compromisos públicos», precisó.
Hizo un llamado a los dos grupos a pronunciarse públicamente, rechazar los hechos de violencia recientes y reiterar su disposición a ser parte de la «Paz Urbana».
Con estos pronunciamientos, el Espacio de Conversación Sociojurídica contará con garantías para sus gestores y voceros, recalcó.
«A pesar de los últimos brotes de violencia en la ciudad, sabemos que la mayoría de los jóvenes que hoy integran los grupos armados también anhelan un cambio que les permita superar una cotidianidad manchada de sangre y de riqueza acumulada indebidamente», manifestó.
Aclaró que, frente a las versiones que aseguran que la fuerza pública no puede actuar debido al proceso de construcción de paz, los acercamientos jamás han implicado suspender la responsabilidad del Estado en el cumplimiento de su función legal de defensa y protección de los derechos de la población.
Esa ciudad sufre desde hace décadas síntomas profundos de violencia a causa de un conjunto de factores como incapacidad de las instituciones estatales de gobiernos anteriores, la ubicación geográfica que genera condiciones para la ilegalidad y la falta de oportunidades en conjunto. (Fuente:PL)
