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Brasilia, 10 jul (RHC) El Gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, despidió, en los primeros seis meses de gestión, a 103 funcionarios públicos involucrados en casos de corrupción, revela la revista Veja.
Según la publicación, aún existe un gran número de personas en fila para enfrentar las consecuencias. Los procesos están acompañados por la Contraloría General de la Unión -CGU-, que apartó a miles de empleados descubiertos cometiendo delitos en el servicio público.
Durante su gestión (2019-2022), el exmandatario Jair Bolsonaro expulsó a mil 934 asalariados de la máquina administrativa, siendo la mayoría de los casos relacionados con irregularidades, de acuerdo con datos de la CGU.
Sin embargo, un estudio realizado por la Escuela de Administración de Empresas de Sao Paulo de la Fundación Getulio Vargas y por la Universidad de Brasilia revela que Bolsonaro aumentó el uso de medidas formales de represión contra los funcionarios públicos.
De igual manera, probó estrategias en determinadas organizaciones para replicarlas en otras, en caso de éxito.
La CGU es responsable del control interno del Gobierno federal. Sus atribuciones incluyen la defensa del patrimonio público, la prevención y el combate a la corrupción, así como el mejoramiento de la transparencia en la gestión.
Su recién creada Secretaría de Integridad Privada fomenta las buenas prácticas en el sector personal para prevenir irregularidades. En septiembre pasado, el 69 por ciento de los brasileños consideró que existió corrupción en el Gobierno de Bolsonaro, según una encuesta del Instituto Datafolha.
Durante su campaña por la reelección, el exmilitar, quien fue aspirante presidencial del Partido Liberal, intensificó acusaciones mentirosas contra el expresidente y candidato Luiz Inácio Lula da Silva, postulante del Partido de los Trabajadores -PT.
Refirió que el excapitán del Ejército mintió de manera recurrente cuando se refiere a la corrupción. Los actos del flagelo que involucran al clan Bolsonaro y su Ejecutivo abundaron a lo largo de su mandato.
En el ámbito familiar, aparecen casos como el de las rachadinhas, practicada por uno de sus hijos, es decir la transferencia de parte de los salarios de los asesores al parlamentario o secretario a partir de un acuerdo preestablecido o como requisito para la función.
Por su parte en lo administrativo, el ilegal tráfico en el Ministerio de Salud que involucró vacunas y las denuncias de desvío de recursos públicos en la asociación entre el exministro de Educación Milton Ribeiro y los pastores Gilmar Santos y Arilton Moura, enviados al exfuncionario a petición de Bolsonaro. (Fuente: Prensa Latina).
