Imagen ilustrativa.
El ente encargado del proceso de votaciones pidió tiempo para escanear los documentos y así seguir cumpliendo con su función del resguardo del voto, pero los implicados en la diligencia negaron esto y secuestraron los documentos cuatro y ocho de cinco tipos de sufragios de la primera vuelta.
“No podemos decir que como tribunal tenemos el resguardo –del voto– porque ya no lo tenemos”, enfatizó la magistrada Blanca Alfaro tras un recorrido en la sede del TSE.
Describió que tuvo que defender al vocero del Tribunal Gerardo Ramírez, debido a que fue amenazado por los fiscales, en caso que el portavoz informara a los medios sobre el allanamiento.
En un momento de tensión terminó en el piso, al forcejear con los implicados en la defensa de las actas, “lo lamentamos mucho y yo les digo que estoy seriamente lastimada de la espalda, yo tengo una operación de columna”, subrayó.
Blanca Alfaro, junto a los también magistrados titulares Gabriel Aguilera y Mynor Franco, así como los suplentes Marlon Barahona y Marco Antonio Cornejo, se opusieron de manera física a la extracción de las cajas, exponen grabaciones de trasmisión en directo del suceso.
La magistrada añadió que ahora no saben “que pueda pasar”, pero descartó que los resultados electorales puedan sufrir cambios.
El MP mediante un comunicado justificó el operativo “desarrollado con fundamento a la Ley y en la Constitución, además de su actuar y que buscan proteger elementos propios de las investigaciones en curso.
“Asegurar que se vulnera la custodia del voto es una afirmación que se aleja de la realidad y de la naturaleza jurídica de la diligencia realizada”, apuntó.
El TSE condenó la víspera enérgicamente el allanamiento a sus instalaciones, el cual dejó al descubierto acciones intimidatorias destinadas a socavar la democracia, señaló.
“Este acto, que se suma a una serie de ataques previos, incluyendo la solicitud de retiro del antejuicio a los magistrados del TSE apenas dos días atrás, evidencia claramente la intención de ciertos grupos de desestabilizar y deslegitimar el proceso”, advirtió.
Instó al binomio presidencial (Bernardo Arévalo y Karin Herrera), a los 340 alcaldes, 160 diputados al Congreso de la República y 20 diputados al Parlamento Centroamericano electos libre y democráticamente mediante el voto de la ciudadanía a que se unan a la defensa de la democracia.
Llamó a la Corte de Constitucionalidad para que, en cumplimiento de su función esencial como máximo garante del orden legítimo, se pronuncie de oficio en defensa del régimen democrático como otrora lo hizo en salvaguardar la soberanía ejercida por el pueblo. (Fuente:PL)