Foto tomada de Prensa Latina
La Habana, 1 ago (RHC) Familiares y amigos de Santiago Maldonado (1989-2017) reiterarán hoy su reclamo de justicia, a siete años de la desaparición y muerte del joven argentino.
El 1 de agosto de 2017, Maldonado fue visto con vida por última vez tras participar en una protesta de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, en la provincia de Chubut, la cual fue reprimida por la Gendarmería.
Después de 78 días de búsqueda, su cadáver fue hallado flotando en las aguas del río cercano a donde ocurrieron los hechos.
En ese entonces, este país se encontraba bajo el mandato del expresidente Mauricio Macri (2015-2019) y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, ejercía ese mismo cargo.
En múltiples oportunidades, organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron las irregularidades en la investigación y en el proceso judicial sobre el caso.
Quienes estaban a cargo del Gobierno adoptaron diversas acciones para legitimar la represión, obstaculizar la búsqueda de la verdad, estigmatizar a la víctima y perseguir y hostigar a sus familiares, aseveró la Secretaría de Derechos Humanos de esta nación en un comunicado publicado en 2023.
Por su parte, el hermano de Maldonado, Sergio, recordó que la causa estuvo paralizada en la Corte Suprema, no hay procesados y el magistrado Gustavo Lleral violó los pasos establecidos para impedir que la verdad saliera a la luz.
Lleral dictaminó que Santiago murió por ahogamiento y eximió al gendarme Emmanuel Echazú, implicado en la represión contra la comunidad Pu Lof en 2017.
En mayo de este año, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó el sobreseimiento de varios oficiales imputados, apartó a Lleral y ordenó por segunda vez la reapertura de la causa.
El caso pasó a manos del juez Federico Calvete, de Ushuaia.
Eso es positivo, aunque tardío, porque desde septiembre de 2019 se perdió tiempo. Justicia sería que Santiago estuviera con vida y algo bueno, que Lleral fuera sancionado. Aunque llega tarde es necesario, declaró Sergio al diario Página 12.
Los gendarmes siguen imputados (Echazú, Juan Pablo Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Ferreyra). Nunca fueron absueltos como dijeron. Continúa la investigación y no se puede descartar la desaparición forzada con un juez que no investigó, añadió. (Fuente: Prensa Latina)
