Buenos Aires, 31 ene (RHC) El titular de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Jorge Lozano, criticó el trato hostil hacia algunos dirigentes por el periodismo y la política en alusión a la diputada al PARLASUR Milagro Sala.

Advirtió el prelado sobre una demonización de las organizaciones sociales y repudió la mirada peyorativa contra ellas por medios y políticos cuando son agrupaciones que se han puesto al hombro la problemática de los barrios cuando nadie los recorría.

Particularmente, sobre el encierro de Sala, dirigente del movimiento social jujeño Tupac Amaru encarcelada por las autoridades de esa provincia desde hace dos semanas por motivaciones políticas, Lozano afirmó que el poder judicial debe obrar con transparencia y claridad y que haya un respeto a las libertades de las personas.

Respecto a la campaña mediática contra Sala, opinó que además de ser injusta porque se hacen circular noticias que nadie chequea, que son de dudosa credibilidad, sería bueno llamar la atención acerca del rol tan importante que cumplen los movimientos populares en la vida de la sociedad argentina.

Para los argentinos la Plaza de Mayo es un histórico centro de rebeldía y protesta por las libertades civiles y derechos humanos y volvieron a ella para demandar la liberación de la diputada al Parlasur Milagro Sala.

Desde hace cuatro días militantes de varias organizaciones se concentran allí para exigir la libertad de la destacada líder social y cabeza del movimiento Tupac Amaru que trabaja por el desarrollo humano de las comunidades originarias y humildes en Jujuy.

Sala fue encarcelada hace dos semanas por las autoridades jujeñas en plena disputa política con el gobernador Gerardo Morales por retirar fondos a programas de fomento de las cooperativas.

Al negarse el jefe de gobierno a conceder una entrevista para discutir el asunto, la dirigente de la Tupac Amaru convocó a un acampe pacífico en la Plaza Belgrano frente a la Gobernación jujeña, el cual se mantiene.

En un principio la acusaron de incitar a la protesta y el tumulto público, pero como esos cargos no sustentan jurídicamente su encierro, ahora los cambiaron por presunta malversación de fondos y aun así son imputaciones excarcelables.

Sus abogados sostienen que Sala es víctima de una campaña de descrédito y persecución política por sus posturas de apoyo al proyecto popular nacional que impulsaba el anterior gobierno que choca contra la clase política que hoy ostenta el poder.

Una de las que acampan, Rosario Dassem, secretaria académica del directorio de la Tupac Amaru, explicó a Prensa Latina que las actuales gobernantes de Jujuy, incluso con el respaldo de algunos sectores del peronismo jujeño, ven en Sala una gran enemiga por su arraigo popular.

Esa organización social -refirió- construyó unas 15 mil viviendas, creado múltiples cooperativas, brindado posibilidad de formación laboral y profesional, construido clínicas, escuelas y una guardería infantil. "Todo esto es mal visto".

Eso representan avances para miembros de las comunidades originarias, "los de pelos negros que tanto molestan a la clase pudiente y política jujeña", sostuvo la militante de la Tupac Amaru.

"En realidad, las imputaciones contra Sala carecen de valor jurídico y quienes la acusan buscan montar un causa judicial para la que realmente no existen evidencias, pero cuentan con el blindaje mediático de la gran prensa en su afán por desacreditar la imagen pública de Sala", afirmó Dassem.

Ahora también están atacando a su familia, señaló la secretaria académica de ese movimiento social.

Se refirió a la imputación hecha por el fiscal Aldo Lozano, quien imputó por amenazas a Sergio Chorolque, hijo de la diputada al Parlasur. La acción emana de una denuncia del referente del sindicato de Empleados y Obreros Municipales, Carlos Santillán, antagonista de Sala.

Dassem argumenta que Sala es blanco de toda esta campaña de satanización "porque ella es símbolo de la protesta social, pero no se percatan que con estos ataques refuerzan más su imagen de rebeldía y lucha por las comunidades más pobres".

En Plaza de Mayo, se congregaron militantes de más de una decena de agrupaciones político-sociales, entre ellas de la Tupac Amaru, el Movimiento Evita, Miles, Quebracho y Movimiento Estudiantil Liberación.

Los acompañan afiliados de federaciones gremiales como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y las dos alas de la Central de Trabajadores de Argentina.