Quito, 7 mar (RHC) La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) rechazó la decisión de Estados Unidos de prorrogar por un año la vigencia de un decreto ejecutivo que considera a Venezuela como una amenaza “inusual y extraordinaria” para su seguridad, porque constituye una injerencia en la soberanía venezolana.

La Secretaría General de Unasur, con sede permanente en Quito, señaló en un comunicado oficial que “rechaza la decisión” de prorrogar la vigencia de dicho decreto, aprobado en marzo del año pasado, y recordó que esa postura ya fue expresada entonces por el Consejo de Cancilleres de la Unión.

El decreto del Gobierno de Washington “constituye una amenaza injerencista a la soberanía y al principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados”, señaló la Unasur en el comunicado.

“Dicha medida desconoce, además, la reafirmación de la institucionalidad democrática de Venezuela, producida en la elección de la Asamblea Legislativa el pasado 6 de diciembre de 2015″, agrega el texto oficial al recordar que una misión electoral de Unasur acompañó dichos comicios.

“En consecuencia -agrega el escrito-, Unasur reitera el llamado que ha venido haciendo para el establecimiento de un diálogo institucional en Venezuela que permita a las y los venezolanos conciliar y superar sus diferencias sin ningún tipo de intervención ni presión foránea”.

El pasado jueves, el presidente de EE.UU., Barack Obama, renovó la orden ejecutiva que autoriza al Departamento del Tesoro a imponer sanciones contra aquellos que se determine han cometido “acciones o políticas que socavan procesos o instituciones democráticas” o violaciones de derechos humanos en protestas en Venezuela.

El primer mandatario estadounidense argumentó que, a su criterio, Venezuela sigue sufriendo “la persecución de los opositores políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y violaciones a los derechos humanos”.

La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, consideró una “agresión” que el presidente de Estados Unidos haya prorrogado el decreto y advirtió que acudirá a “instancias internacionales”.

La ministra de Relaciones Exteriores argumentó que la medida incita a los sectores “antidemocráticos y violentos de la oposición venezolana” a “atentar” contra la institucionalidad del país “y sus autoridades legítimas y constitucionales”.