Buenos Aires, 8 mar (RHC) La policía de Buenos Aires reprimió con violencia en la ciudad argentina de La Plata a trabajadores de la educación que reclamaban un aumento del salario mínimo.

Agentes antimotines emplearon gas pimienta, palos y balas de goma contra los participantes, quienes se manifestaban frente a la Dirección de Escuelas de esa urbe en demanda de un sueldo de 645 dólares.

Como consecuencia de la represión, dos personas sufrieron fracturas y otros se encuentran heridos en el Sanatorio Argentino de La Plata.

Los afiliados al Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), que en su mayoría son porteras y cocineras de comedores escolares, decidieron salir en protesta por la intransigencia del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal de sellar el nuevo contrato laboral.

Se viven momentos de extrema tensión frente a la sede de la cartera educativa que preside Alejandro Finocciario, un funcionario que arrastra polémicos antecedentes vinculados con la violencia, relata El Destape.

En menos de una semana, si la gobernadora Vidal se mantiene en esta postura, el sistema estará completamente paralizado, no habrá clases en ninguna escuela, coincidieron en señalar el secretario general y la secretaria adjunta del Soeme, Marcelo Balcedo y Susana Mariño.

Con el aval de comisiones obtenido, el proyecto del Ejecutivo argentino para pagar a los fondos buitre pasa ahora al pleno de la Cámara de Diputados donde la Casa Rosada espera obtener su aprobación el jueves.

No obstante, la administración de Mauricio Macri se vio en la necesidad de aceptar cuatro modificaciones a su proyecto para emitir una enorme deuda a fin de pagar al contado como exigen los reclamantes en Nueva York.

La Alianza Cambiemos contó con el apoyo de los miembros del Frente Renovador (FR) y el Bloque Justicialista para conseguir el dictamen favorable de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas donde comenzó el análisis de la propuesta.

Los cambios introducidos al anteproyecto colocan límites respecto al volumen de endeudamiento y otros aspectos de la iniciativa original enviada por el Poder Ejecutivo.

En ese sentido, el diputado del FR Marco Lavagna informó que "se incorporó un artículo que aclara que la emisión es para cerrar los acuerdos y cualquier emisión adicional se atenga al presupuesto".

Por su parte, el exministro de Economía y ahora diputado nacional por el Frente para la Victoria (FpV) Axel Kicillof instó a "defender los intereses de la gente, es decir, no apoyar el endeudamiento".

Y consideró que "no se trata de poner palos en la rueda, pero hay que negociar en condiciones favorables para Argentina".

Kicillof opinó que no debería apurarse el debate en el plenario de la cámara baja este miércoles o jueves "porque es presentar de nuevo un hecho consumado que anula el propio debate", consideró.

Con este primer paso en el proceso legislativo, el oficialismo garantiza que el proyecto contará con el voto positivo de más de 150 legisladores, de 257 que conforman el recinto.

Luego del dictamen en comisiones, no hay definiciones sobre si la iniciativa se tratará este jueves o el martes próximo, como propone el Bloque Justicialista.

Por la minoría en esa cámara anunciaron que presentarán su propio dictamen el bloque del FpV-PJ, el Partido Obrero y el Partido Solidario que encabeza Carlos Heller.

De antemano, el Gobierno Nacional sabía que necesitaría el apoyo de otras fuerzas políticas en el Congreso para poder derogar las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, emitir bonos de deuda y poder pagarle así a los fondos buitre.

Una de las bancadas que adelantó su intención de acompañar el proyecto macrista es el Bloque Justicialista, que lidera Diego Bossio, aunque reclamó cuatro modificaciones.

La primera es imponer un tope al endeudamiento, introduciendo un límite a la autorización de emitir deuda que finalmente sería de un monto 12 mil millones de dólares, y no de 15 mil millones como pidió el Ejecutivo.

Se eliminó el artículo que afectaba las potestades tributarias de las provincias y, en tercer lugar, la administración deberá rendir informes en relación con la deuda mensualmente, en lugar de hacerlo por semestre.

El cuarto cambio que exigen los diputados es que el Ejecutivo no invada facultades del legislativo, para imponer fecha a la sanción de la ley.