Cuarta parte de Comisión Especial que analizará a presidenta brasileña es investigada por corrupción

Editado por Leanne González
2016-03-19 10:37:47

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Brasil, 19 de mar (RHC). De los 65 miembros de la Comisión Especial que analizará el proceso de impeachment de Dilma Rousseff en la Cámara, 16 son investigados por diversos crímenes que incluyen peculado, corrupción, fraude y lavado de dinero.

Como se trata de diputados con fuero privilegiado, las investigaciones transcurren ante el Supremo Tribunal Federal, el mismo que pasaría a considerar las acusaciones contra Lula da Silva si finalmente logra tomar posesión del cargo de ministro. Los nombres y las causas, una por una.

La Comisión Especial de la Cámara de Diputados que analizará el proceso de impeachment de la presidenta Dilma Rousseff está formada por 65 parlamentarios. Entre ellos, 16 están bajo investigación por parte del Supremo Tribunal Federal (STF) por diversos crímenes, la mayoría por corrupción. A continuación, la lista:

- Paulo Maluf (PP), por crímenes electorales;

- Aguinaldo Ribeiro (PP), por lavado de dinero, corrupción pasiva y asociación para delinquir;

- Jerônimo Goergen (PP), por lavado de dinero, corrupción pasiva y asociación para delinquir;

- Roberto de Britto (PP), por corrupción pasiva y asociación para delinquir;

- Maurício Quintella Lessa (PR), por peculado;

- Paulo Magalhães (PSD), por crimen electoral;

- Danilo Forte (PSB), por crimen electoral;

- Benito Gama (PTB), por crimen electoral;

- Weverton Rocha (PDT), por fraude a la Ley de Licitaciones;

- Paulinho da Força (SD), por corrupción pasiva;

- Alex Manente (PPS), por crimen electoral;

- Bacelar (PTN), por peculado;

- Junior Marreca (PEN), por uso irregular de recursos públicos;

- Vicente Cândido (PT), por corrupción activa;

- José Mentor (PT), por corrupción pasiva;

- Nilson Leitão (PSDB), por corrupción pasiva y fraude a la Ley de Licitaciones.

Además de los anteriores, el diputado Fernando Francischini (SD), fue señalado en la delación del senador Delcidio Amaral (aceptada como prueba válida por el STF) como integrante de un grupo de parlamentarios que cobraban a empresarios que no querían ser citados a comparecencias en el Congreso por el caso Petrobras.



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