Brasilia, 4 abril (RHC) El abogado brasileño José Eduardo Cardozo, realizará la defensa de la presidenta Dilma Rousseff ante la comisión especial de la Cámara de Diputados que analiza la admisibilidad de un proceso de interpelación.

Sobre el asunto, el relator del procedimiento, Jovair Arantes, adelantó su intención de apurar lo más posible el examen, a fin de exponer su parecer a más tardar el próximo día 7.

Una vez presentada la defensa, el comité parlamentario especial, integrado por 65 miembros, tendrá cinco sesiones para escuchar, discutir y votar en relación a los argumentos de Arantes.

Para que la interpelación avance, el plenario de la Cámara de Diputados deberá lograr el respaldo de 342 de los 513 miembros del cuerpo, una cifra difícil alcanzar, a juicio del sublíder de la bancada del Partido de los Trabajadores, Henrique Fontana.

Fontana también precisó acerca del tema que los delitos que se imputan a la jefa de Estado de Brasil no corresponden a su actual mandato y, según la interpretación que se hace de la Constitución, no puede destituirse a ningún dirigente en funciones por una falta cometida en un periodo anterior.

El abogado general de la Unión, José Eduardo Cardozo, pidió recusar el proceso de impeachment y rechazar la denuncia contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, la cual -evaluó- está permeada de errores conceptuales básicos.

Cardozo presentó los alegatos de la defensa de la mandataria ante la comisión especial de la Cámara de Diputados encargada de decidir si admite o no el enjuiciamiento político de la jefa de Estado por presunto crimen de responsabilidad.

En una detallada intervención de aproximadamente 90 minutos, el letrado hizo una contextualización histórica, jurídica y política de los procesos de impedimento en Brasil y subrayó que estos solo son válidos en situaciones de gravedad extrema o de absoluta excepcionalidad que atenten contra la Constitución de la República.

No habrá impeachment sin esas condiciones, dijo y precisó que para configurarse un crimen de responsabilidad tales actos tiene que ser practicados directamente por el Presidente, de forma dolosa (deliberadamente y de mala fe) y durante el mandato que se imputa.

Cualquier tentativa de impedimento que no cumpla con todos esos presupuestos es inconstitucional e ilegal y por consiguiente constituye un golpe de Estado, afirmó.

Advirtió, además, sobre las graves consecuencias políticas, económicas, sociales y de seguridad jurídica que acarrea la ruptura de la constitucionalidad y la negación del Estado de Derecho, y subrayó que un gobierno surgido de tales circunstancias es ilegítimo.

Respecto al impeachment iniciado contra Rousseff, el Abogado General de la Unión señaló el notorio desvío de poder practicado por el titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien -enfatizó- usó su competencia para vengarse del Partido de los Trabajadores, que votó por la apertura de un proceso de casación contra él.

De ese modo, la apertura del impedimento constituyó un acto viciado y, por consiguiente, nulo, afirmó.

Cardozo esclareció también que la denuncia contra la jefa de Estado contiene solo dos aspectos: la promulgación de seis decretos en 2015 supuestamente violatorios de la Ley de Presupuesto y las impropiamente llamadas "pedaladas fiscales", una práctica aceptada por décadas por los Tribunales de Cuentas de todo el país, rememoró.

En ninguno de los dos casos se trata de actos ilegales y, en consecuencia, tampoco de un crimen de responsabilidad, adujo antes de reiterar que tales denuncias son manifiestamente improcedentes.

El abogado defensor insistió en que el proceso instaurado por la Cámara de Diputados marcha contra lo dispuesto por la ley y reiteró que están en juego la democracia y el Estado de Derecho, pues un impeachment sin crimen de responsabilidad ni dolo constituye un golpe anticonstitucional.

Una vez escuchados los alegatos de la defensa, el relator del procedimiento Jovair Arantes deberá elaborar y presentar su parecer a la comisión especial, que tendrá cinco sesiones para escuchar, discutir y votarlo, antes de enviarlo al plenario de la Cámara de Diputados.