La Habana, 15 agosto (RHC)- La Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica devolvió a Panamá 66 cubanos por ingresar de manera irregular al país y reiteró la posición oficial de impedir la entrada de migrantes irregulares, dieron a conocer fuentes oficiales.
Esto como parte de las acciones desarrolladas por el gobierno costarricense para rechazar a todos aquellos ciudadanos que están irregulares, y que al portar documentos es posible demostrar que provienen del vecino país del sur, indica un comunicado de Migración y Extranjería, divulgado por Internet.
El texto agrega que al ser interrogados y solicitarles documentación esas personas presentaron pasaportes en los cuales no constaba su ingreso a territorio nacional, por lo se procedió a la devolución a Panamá.
Señala que "de acuerdo con las cifras de la Dirección General de Migración y Extranjería, del 1 al 3 de agosto se han identificado 66 ciudadanos cubanos que ingresaron por Paso Canoas y ya fueron devueltos a Panamá".
El comunicado exalta que el gobierno costarricense reitera su condición de país solidario y respetuoso de los derechos humanos, pero advierte la imposibilidad de seguir recibiendo y atendiendo nuevos flujos migratorios irregulares.
Por lo tanto, asegura, las autoridades aprehenderán e iniciarán un proceso de deportación a quienes ingresen a territorio nacional de manera irregular.
Esos migrantes utilizan las naciones centroamericanas como tránsito hacia Estados Unidos, país cuya legislación favorece la migración irregular de los antillanos y es rechazada por los gobiernos de la región, porque además es discriminatoria con el resto de las nacionalidades.
Esas normativas norteamericanas son la Ley de Ajuste Cubano, la política de pies secos-pies mojados y el programa Parole para promover la deserción de profesionales cubanos de la salud.
El gobierno cubano asegura que esa política constituye una violación de la letra y el espíritu de los Acuerdos Migratorios entre Cuba y Estados Unidos, mediante los cuales ambos gobiernos asumieron la obligación de garantizar una emigración legal, segura y ordenada.
De igual forma es incongruente con el actual contexto bilateral, obstaculizando la normalización de las relaciones migratorias entre Cuba y los Estados Unidos y creando problemas a otros países.
Al respecto, Cuba siempre ha cooperado en la solución de situaciones en las que se han visto involucrados sus nacionales quienes, después de salir legalmente de la isla, caen en manos de traficantes de personas o se arriesgan en peligrosas travesías hacia Estados Unidos.
Asimismo, el gobierno cubano ha ratificado que los ciudadanos cubanos que hayan salido legalmente del país y cumplan con la legislación migratoria vigente tienen derecho a retornar a la isla.
(PL)
