Washington, 22 ene (RHC) Integrantes de la Alianza Martiana, que agrupa a entidades de la emigración cubana en la ciudad estadounidense de Miami, rechazaron hoy el Título III y el resto de la ley Helms-Burton, codificadora del bloqueo contra la isla.

Mediante una nota, expusieron que esa norma resulta injerencista, y viola los más fundamentales derechos a la soberanía y la autodeterminación del pueblo de Cuba y la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre los asuntos de dicho apartado.

Afirmaron que se trata de una escalada en la intensificación del cerco anticubano y reiteraron que el bloqueo constituye una política genocida y 'afecta el bienestar y la tranquilidad de nuestras familias en Cuba, de todo el pueblo, y su derecho incuestionable de poder vivir y desarrollarse en paz'.

La coalición expuso que tal título ha tenido el firme e invariable rechazo de la comunidad internacional, especialmente de los países integrantes de la Unión Europea y de Canadá, por su prepotente e ilegal carácter extraterritorial.

Aunque la ley Helms-Burton, firmada en 1996 por el entonces presidente William Clinton, sigue ocasionando grandes daños, no ha logrado su propósito de subvertir el orden constitucional y rendir al pueblo cubano por hambre, apuntó.

También, recordó que la Corte Suprema estadounidense estableció el 13 de marzo de 1964 que los tribunales norteamericanos no tienen jurisdicción para inmiscuirse y determinar casos relacionados al derecho de un Estado con el fin de expropiar propiedades en su territorio soberano.

Aquella decisión del máximo tribunal, citada por la Alianza, determinó que 'si no hubiese un tratado u otro acuerdo que rija en la materia, los tribunales federales no tienen jurisdicción sobre una disputa que concierne a otro país expropiando propiedades en su propio territorio, aún si violara el derecho internacional'.

Los enemigos de Cuba, cuando redactaron la ley Helms-Burton y su Título III sabían perfectamente lo establecido sobre estas cuestiones, pero no le importó ni le sigue importando, criticó la coalición.

El referido título evidencia el carácter extraterritorial del bloqueo pues permitiría a nacionales de Estados Unidos llevar a los tribunales a todo el que 'trafique' con 'propiedades norteamericanas' en Cuba.

A través de ese mecanismo Washington se arroga el derecho de promover un juicio contra aquellos inversionistas de terceros países que inviertan en Cuba en propiedades nacionalizadas.

Según el texto de la ley, se considera 'propiedad norteamericana' a las nacionalizadas en el país caribeño después del 1 de enero de 1959, cuando triunfó la Revolución cubana, y se define como 'traficar' a la compra, recepción, uso o inversión posterior en esas posesiones.

La aplicación del Título III ha sido suspendida por todas las administraciones estadounidenses desde su aprobación, dados los perjuicios que implicaría su puesta en práctica, no solo para Cuba, sino para Estados Unidos y aliados suyos como la Unión Europea.

Pero mientras las prórrogas de esa suspensión siempre se realizaban cada seis meses, el secretario de Estado, Mike Pompeo, decidió que ahora solo será de ese período reducido de 45 días.(Fuente:PL)