Tokio, 16 may (PL) El embajador de Cuba en Japón, Carlos Miguel Pereira, denunció el reforzamiento del bloqueo estadounidense contra la isla y agradeció la solidaridad del Gobierno y de amplios sectores de la sociedad civil de Japón en este sentido.
Durante conferencia de prensa japonesa, el diplomático cubano criticó el carácter extraterritorial de la Ley Helms-Burton y su inaplicabilidad desde el punto de vista del Derecho Internacional.
Asimismo resaltó el creciente rechazo internacional que concita la decisión del ejecutivo estadounidense de aplicar el título III de esa ley, suspendido de manera sistemática por las administraciones precedentes.
El diplomático destacó las posturas condenatorias de la Unión Europea y de gobiernos como los de Canadá, España, Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, entre otros, que han reaccionado en defensa y apoyo de sus intereses.
En el caso de Japón, recordó un comunicado de prensa del Gobierno nipón emitido el pasado 9 de mayo, en el cual reitera la postura histórica contra el bloqueo y su extraterritorialidad.
Según la misión cubana en Japón, los asistentes mostraron interés por conocer más sobre el impacto que pudiera tener la activación de ese acápite sobre las relaciones económicas entre los dos países y las empresas niponas vinculadas a la isla.
Pereira enfatizó el carácter ilegal de la Ley desde el punto de vista jurídico cubano, que lo considera inaplicable y carente de todo valor.
“Su objetivo no es otro que el de imponer un cambio de régimen en Cuba por la vía de la asfixia económica del país y la generación de dificultades y carencias internas e imponer miedo e incertidumbre entre los inversores extranjeros presentes y futuros en la isla”, dijo.
Recientemente, el Gobierno japonés expresó su preocupación debido a la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, que permite demandar a empresas extranjeras que operen en Cuba.
De acuerdo con una declaración del portavoz de Relaciones Exteriores, Takeshi Osuga, Tokio pidió cautela a Washington a la hora de aplicar el acápite.
Japón considera que esa disposición legal estadounidense 'puede constituir una aplicación extraterritorial de la ley doméstica y puede afectar las relaciones económicas estables de empresas privadas'.