La Constitución cubana refuerza la responsabilidad en la administración de justicia y, recientemente, todo ello ha sido fortalecido con la reforma procesal, que entró en vigor en enero del presente año.

Iginio sube al estrado. Va vestido con su uniforme azul de policía, es joven y de constitución menuda, pudiéramos decir, pero cuando habla, lo hace con seguridad, sin titubear.

Es el segundo día del juicio oral contra 33 acusados que participaron en los disturbios que ocurrieron el 11 de julio pasado en las inmediaciones de Toyo, en la capital, y tanto la Fiscalía como la defensa han tenido la posibilidad de presentar los testigos que consideran necesarios para el desarrollo del caso.

–¿Estuvo usted en los sucesos ocurridos en la esquina de Toyo?

–Sí, eran como las cuatro o cinco de la tarde más o menos.

–¿En qué llegó usted a ese lugar?

–En el carro patrulla… me acompañaba mi chofer, Yodianys Viera Ávila.

–¿Recuerda dónde dejó estacionado el vehículo?

–En la misma esquina de Toyo y 10 de Octubre.

–¿Hacia dónde se dirigió después que dejó parqueado el vehículo?

–Hacia adelante, porque al otro carro que estaba ahí, un Hyundai, lo estaban golpeando y tirándole piedras, y nosotros fuimos a apoyar.

–¿Había oficiales a su alrededor?

–No. Los dos oficiales estaban dentro de ese carro…, por eso me acerqué, tratando de que las personas que estaban ahí se alejaran, y así ellos pudieran salir del carro y venir con nosotros.

–¿Mientras usted realizaba esta acción, resultó golpeado por algunas de esas piedras?

–Sí. Una me dio en el estómago y otra en el tobillo.

Después de auxiliar a sus compañeros, Iginio no pudo volver a montarse en la patrulla 162. «Un cielo nublado de piedras», según sus propias palabras, comenzó a caer sobre ellos. En ese momento, asegura, sintió miedo.

Mientras lograba salir del lugar, vio de reojo cómo estas personas abrieron las puertas del carro patrulla, y empezaron a sacar las cosas que estaban dentro; «y ahí, entre como cinco, lo cogieron por un costado y lo viraron», relata.

Entre las pertenencias que robaron, estaba la planta y el parlante del

vehículo, el celular de su chofer y 8 000 pesos que él guardaba de su salario para comprarse un teléfono.

Su nombre es Iginio Castellano Cala, tiene apenas 20 años y es jefe de carro de la Policía Nacional Revolucionaria.

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Jorge Luis Gael Zamora, jefe de sector de La Güinera también estuvo ahí, cuando comenzaron los disturbios en Toyo.

Ese día estábamos en la unidad y nos avisaron que teníamos que avanzar hasta el Café Colón, en la Víbora. Éramos aproximadamente 15 compañeros e hicimos una especie de cordón humano, pues venían varias personas desde Mantilla, por toda la calzada, y queríamos impedir que siguieran avanzando hasta 10 de Octubre.

«Pero bueno, eso fue imposible. Nos cayeron a pedradas y tuvimos que separarnos. Ellos venían agresivos, tirando piedras y palos, gritando… intentamos conversar, persuadirlos, pero no hubo modo».

Después nos indicaron que teníamos que ir hasta Toyo, cuenta. «Cuando llegué, vi cómo viraban el patrullero y luego dos ciudadanos cogieron un cesto grande, de esos de basura, lo tiraron arriba del carro, y se encaramaron».

«Y además de las piedras, nos gritaban de todo. Hasta escuché decir: ¡Vamos a matar a todos los policías sing… estos!», recuerda.

Ileana María Forcades Díaz, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular del Cerro, presenció, de igual forma, lo «pacífico» de las agresiones.

Estábamos en la misma esquina de Toyo, frente a la panadería, tratando de calmar la situación, de entablar una conversación con ellos, pero no se podía, dice. No entendían de razón y empezaron a tirar piedras, botellas y palos.

Su hijo, que la acompañaba, recibió una pedrada en la espalda.

Cuando se formó todo eso, tuvimos que retirarnos y, más tarde, cuando regresamos a recoger el carro de la Asamblea, un lada de color rojo, con el que habíamos ido hasta el lugar, había sido volteado, y le habían robado los accesorios, asegura.

Quizá ni Jorge Luis ni Ileana María se conozcan, o tal vez sí, pero más allá de la suposición, lo cierto es que ambos han concurrido como testigos de un hecho que no solo atentó contra la tranquilidad ciudadana, sino que lesionó y puso en riesgo la vida de varias personas, además de dañar severamente medios y propiedades del Estado.

Desiderio Sánchez Hernández, jefe de Consejo de la Policía en 10 de Octubre, cuenta al Tribunal lo que vivió durante esa jornada. Recuerda que, junto a él, había otras 30 personas.

Uno de los oficiales que lo acompañaba, precisa, recibió varias pedradas en los pies. Él padecía de problemas en la circulación sanguínea y, recientemente, falleció de una trombosis, afirma.

–¿Ustedes estaban armados ese día?, pregunta el Fiscal.

–No, responde.

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La Fiscalía ha presentado, al iniciar la vista oral del juicio, la síntesis de los hechos imputados. Tres acusados, resume el informe, salieron el 11 de julio de 2021 desde el cine Mantilla, ubicado en el municipio de Arroyo Naranjo, y comenzaron una manifestación con el objetivo de llegar hasta el Capitolio; y, a medida que avanzaban, se le fueron sumando más personas, entre ellos el resto de los acusados.

Pudiéramos volver a relatar los hechos. Hablar de los autos patrulleros volcados o de las frases ofensivas y groseras que fueron dichas ese día contra las autoridades, contra los dirigentes del país, o de las agresiones, de las personas que fueron lesionadas, pero para algunos –aquellos que se empeñan en ver otra Cuba– esta historia seguirá siendo falsa, mal contada, porque, para ellos, sí fue una manifestación pacífica y todo lo demás, en buen cubano, es puro cuento.

¿Pero qué pasa entonces cuando es uno de los participantes de los sucesos quien te habla del vandalismo, de la violencia que protagonizaron, y te asegura, además, que nunca ha sido maltratado?

–¿Qué ocurrió los días 11 y 12 de julio?

–Una manifestación sin lógica, porque en definitiva estamos en un país socialista, y entiendo que no había necesidad de tanta agresividad, y menos en un país como el nuestro… Hubo vandalismo, desorden, de todo, refiere Ricardo Duque Solis, uno de los 33 acusados en este juicio.

–En las redes sociales se maneja el criterio de que a ustedes, los acusados, los han maltratado. ¿eso es cierto?

–Bueno, yo me siento bien y agradecido con el trato que me han dado, tanto en la prisión de Valle Grande donde estuve al principio, como ahora en el Combinado del Este; incluso, padezco del corazón, y siempre me han atendido bien.

–¿Has tenido posibilidad de acceder a tu abogado?

–Sí. En tres ocasiones he podido entrevistarme con él y sin ningún tipo de problema; no tengo quejas en ese sentido… Yo cometí un error al haber participado en esa manifestación, que no era mi propósito, pero me dejé llevar y me duele mucho todo lo ocurrido. Gracias a esta Revolución yo soy inspector estatal de Higiene y Epidemiología y quisiera, si tengo oportunidad, volver a ejercer mi profesión, que es la salud del pueblo.

–Entonces, ¿no estás de acuerdo con la violencia y el vandalismo que ocurrió ese día?

–Claro que no. Eso fue una cosa sin sentido, sin lógica, porque ¿quién va a tumbar a este país?

Por otra parte, Rowland Jesús Castillo Castro, de 18 años de edad, reconoce su participación en los hechos y dice sentirse arrepentido. «No sé decir qué fue lo que me pasó, no soy una persona violenta». Destaca, además, que sus padres lo han acompañado en todo el proceso, y que ha tenido acceso siempre a su abogado.

«Yo sé bien lo que hice y que tengo que cumplir la ley». No obstante, comenta que quisiera tener otra oportunidad para recuperar sus estudios y su formación como deportista, pues antes de los sucesos del 11 de julio, practicaba lucha.

Yunaiky de la Caridad Linares Rodríguez también nos habla de lo ocurrido aquel día. «Yo salí a una marcha que supuestamente iba a ser pacífica, pero de pronto todo se volvió agresivo y empezaron a tirar piedras, a gritar, y me dejé llevar por el embullo».

Las marchas no fueron pacíficas, asegura, pero ese no era mi objetivo. «Nunca tuvimos que haber llegado a eso, porque la violencia genera más violencia. Espero que nunca más vuelva a pasar algo parecido, y les aconsejo a los jóvenes que no incurran en ese error que hoy tanto nos pesa».

«Esos sucesos fueron cosas de locura, muchos se lanzaron por embullo, sin conocer las consecuencias que traerían para ellos, para sus familiares. Yo a mi hermano se lo digo, que no tenía que haberse metido en eso», afirma, por su parte, Vicente Borges Wilson, quien asiste en calidad de familiar a la vista oral del juicio.

«Pienso que para reclamar derechos o hacer alguna manifestación, todo tiene que ser pacífico. Porque eso no fue un hecho político, sino vandálico, atacaron círculos infantiles, agredieron a personas, asaltaron tiendas…, eso no tiene nada que ver con una política determinada, ni con cambios políticos en un país, eso es vandalismo», destaca.

Lo he visto varias veces en el centro penitenciario, nos cuenta. «Hemos conversado y siempre refiere que el trato es bueno. Hasta más, le he preguntado por su alimentación y me dice: la comida no es tan buena, pero nos dan bastante».

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Que han sido juicios simulados, que no se han respetado las garantías de los acusados, que los abogados están aceptando todo lo que dice la Fiscalía y no han asumido bien la defensa de los casos, que las condenas han sido injustas, que están mandando a prisión a niños y menores de 16 años…, son estas algunas de las mentiras que se repiten en redes sociales, en el vano intento de convertirlas así en creíbles.

Una versión muy particular de los hechos y que, cual castillo de arena, se desmorona por sí sola, pues si los propios argumentos de acusados y testigos no son suficientes para señalar el camino de la verdad, las propias leyes cubanas, y su aplicación, son garantes fieles para el cumplimiento del debido proceso.

En tal sentido, vale destacar que desde nuestra Carta Magna se refuerza la responsabilidad en la administración de justicia y, recientemente, todo ello ha sido fortalecido con la reforma procesal que entró en vigor en enero del presente año.

Entre las garantías que establece la Constitución para el debido proceso penal, en su artículo 95, están:

No ser privados de libertad sino por autoridad competente y por el tiempo legalmente establecido.

Disponer de asistencia letrada desde el inicio del proceso.

La presunción de inocencia hasta la sentencia firme en contra.

Respeto a su dignidad e integridad física, psíquica y moral, no ser víctima de violencia y coacción para forzarle a declarar.

No están obligados a declarar contra sí mismos, cónyuge, pareja de hecho o parientes.

Ser informados sobre la imputación en su contra.

Ser juzgados por un tribunal

preestablecido legalmente.

Tener comunicación con familiares o personas allegadas, con inmediatez, en caso de ser detenidos o arrestados.

De resultar víctimas, disfrutar de protección para el ejercicio de sus derechos.

Otro ejemplo de cómo se cumplen tales garantías es que aquel acusado que, por determinadas razones, no ha podido contratar abogado de su elección, el Tribunal le ha designado uno de oficio para que lo represente, pues es su derecho contar con asistencia letrada en todo el proceso judicial.

Uno de los abogados de oficio que ha asumido esa defensa es Sergio Hernández Ramos, quien asevera haber tenido acceso a las pruebas acusatorias, a estudiarse el caso, además de poder entrevistarse con sus clientes y trazar, de conjunto, una estrategia de defensa.

«Hemos realizado nuestro trabajo sin ningún tipo de presión, ni de trabas, sin nadie que nos diga qué tenemos o no que decir».

Señala que, a partir del desarrollo de estos juicios, se ha manejado en medios extranjeros y redes sociales un criterio desfavorable contra los abogados de la defensa, se ha cuestionado nuestro desempeño como profesionales, y nada de eso es cierto.

«Se podrá decir otra cosa, pero la verdad es que hemos podido presentar todas las pruebas, los argumentos en defensa que hemos querido, y estos han sido valorados por los miembros del Tribunal», argumenta.

Los acusados, agrega, también han declarado todo lo que han querido, incluso, han podido hablar a favor o en contra del sistema político y social cubano, y a nadie se le ha impedido su declaración.

Asimismo, Rainer Rosales Escobar, quien también se desempeña como abogado de oficio, aclara que la responsabilidad penal en la legislación cubana empieza a partir de los 16 años, pero, incluso, para aquellos acusados comprendidos en la edad entre 16 y 18 años, nuestras leyes ofrecen un tratamiento diferenciado en todo el proceso.

Por ejemplo, el artículo 17 del Código Penal define que en estos casos se puede reducir la condena hasta un tercio del límite máximo de la pena, en tanto, la instrucción 175 de 2004 del Tribunal Supremo Popular le indica a los jueces que hay que tener un tratamiento diferenciado y la posibilidad de no imponer penas privativas de libertad, o sanciones no tan elevadas que permitan luego la reinserción del joven en la sociedad.

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«Buenos días, usted comparece como testigo y está obligado a decir la verdad en todo lo que aquí se le va a preguntar, de lo contrario puede incurrir en un delito de perjurio», anuncia la Presidenta del Tribunal.

–¿Cuál es su nombre?

–Ernesto Paniagua Fernández.

–¿Usted conoce a alguno de los acusados?

–Sí, a Yusuan.

–¿Tiene con él alguna relación de amistad, enemistad o parentesco?

–Bueno, lo vi nacer, soy vecino suyo…

La defensa comienza con las preguntas y así, sucesivamente, son llamados aquellos testigos que los letrados han considerado pertinentes para demostrar la conducta social y moral de sus defendidos. Tal es el caso de Nubia Mendoza Montero, quien accede a hablar con la prensa luego de prestar declaración.

«Como maestra y cubana que soy, forjada en esta sociedad, a la que tanto le agradezco, pienso que no había razones para llegar a eso, a lo que ocurrió ese día; además, no vamos a pensar que por lo sucedido este país va a coger otro rumbo, para nada, el destino ya lo definimos el 1ro. de enero de 1959».

Nubia es, además, presidenta del cdr y, como testigo de la defensa, ha venido a hablar de Jorge, de su comportamiento en el barrio. Lo define como un buen joven, trabajador. «Lo conozco hace diez años y nunca había tenido problemas, ni había estado involucrado en líos. Es muy querido en la comunidad. ¿Qué lo guió a hacer esas cosas? Realmente no sé».

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Todos han tenido oportunidad de hablar, de declarar ante el Tribunal, de expresar sus criterios, tanto acusados como testigos. A nadie se le ha coaccionado.

Es el último día del juicio, y tanto la Fiscalía como la defensa presentan sus informes orales conclusivos ante el Tribunal, su visión de lo que consideran probado. También los acusados pueden hacer uso del derecho a la última palabra, o a renunciar a ello, es su decisión y se respeta en todo momento.

Con posterioridad, los jueces que estuvieron presentes en el debate deben acordar el fallo y dictar la sentencia. Y sí, es grande la responsabilidad que cargan sobre sus hombros, porque nunca resultará fácil decidir sobre la libertad de otra persona, pero lo hacen con el saber de una práctica judicial en la que no se violan derechos ni garantías, y con la conciencia de juzgar a aquellas personas que las pruebas han apuntado directamente, sin medias tintas, como responsables de los hechos que se les imputan y que, por demás, han reconocido su participación en los hechos.

Contra su fallo, a los acusados les queda reservado el derecho de recurrir ante otro tribunal de una instancia superior.

Nunca será fácil tomar esa decisión, porque no se trata de un número, sino de un ser humano, pero el Tribunal también conoce del daño infligido, de aquellos otros testigos que resultaron lesionados, de cómo se atentó contra el bienestar común y la tranquilidad ciudadana, y tienen, como hombres y mujeres de derecho, la responsabilidad de juzgar en consecuencia.