La Habana, 17 abr (rhc/acn).- La comisiòn del VII congreso del PCC que analiza los temas económicos, debatió ampliamente las gestiones de los ùltimos años en la comercialización de los productos de la agricultura.

En los debates del proyecto de informe sobre los resultados de la implementación de los lineamientos de la política económica y social aprobados por el Sexto Congreso del  Partido, Yunier González, delegado por la provincia de Artemisa, afirmó que la aprobación de las figuras del vendedor minorista y mayorista fue necesaria en su momento ante las deficiencias de Acopio.

Sin embargo, precisó que a partir de que el sector estatal está contratando hasta el 80 por ciento de las producciones, con buenos precios, ventajosos para los productores, consideró que la figura del vendedor mayorista no es necesaria.

El representante artemiseño aseguró que en la actualidad esos vendedores mayoristas son parte de las complejidades que existen con los precios del agro, pues se convirtieron más que en facilitadores, en revendedores. Estos son los carretilleros, que sí son necesarios, pues están más cerca de la población, pero a los otros no les duelen los altos precios, señaló Yunier González.

En ese sentido, Néstor Bárbaro Hernández Martínez, invitado al cónclave partidista, dijo que son más de 200 los comercializadores mayoristas aprobados en las provincias de La Habana, Artemisa y Mayabeque, pero superior a esa cifra los que ejercen ilegalmente la función, lo cual es más grave.

Con la implantación del experimento en estas provincias se incrementó la diversidad de productos en los mercados agropecuarios, que aún es insuficiente –fundamentalmente en los estatales– y no se lograron reducir los elevados precios minoristas como se reconoce en el material discutido.

Entre los problemas que han afectado el buen desarrollo de los experimentos, reseña el informe que discutieron los representantes partidistas, está también que las cooperativas que gestionan mercados minoristas y puntos de ventas, en general han mantenido altos precios, similares al resto de los establecimientos.

Otro de los frenos lo constituyó que las empresas agropecuarias y la Empresa Provincial de Mercados de La Habana no ejercen –como se previó– las facultades de acopio y comercialización mayorista.

Asimismo, las medidas indirectas aplicadas para influir sobre los precios han sido insuficientes y no se alcanza la efectividad esperada, en tanto ha sido inadecuado el control sobre las actividades de trabajo por cuenta propia de vendedores mayoristas y minoristas de productos agropecuarios, como expresó Yunier González.

El delegado Tomás Rodríguez dijo que en el campo artemiseño ha aparecido gente que roba los productos de los campesinos, para vendérselos a los comercializadores mayoristas que compran en efectivo y sin exigir explicaciones o que medie un contrato.

Consideró que a partir de la recuperación de Acopio, la figura del vendedor-comprador mayorista ha dejado de cumplir su objetivo para convertirse en una actividad negativa.

Juan Rodríguez, delegado por la provincia de Holguín, coincidió con otros que intervinieron en el debate de la comisión tres cuando señaló que el trabajo de acopio ha ido mejorando, al igual que las beneficiosas tarifas de precios para el campesino.

Subrayó Rodríguez que si se solucionan los problemas del impago a los campesinos, fenómeno que persiste en algunos lugares, el acopio puede funcionar bien y subrayó que en su opinión la cooperativa es quien tiene que vender los productos.

El mecanismo de comercialización debe ser entre Acopio y las formas productivas, enfatizó el representante holguinero, para quien todo elemento ajeno a esa relación termina en productos que se encarecen para el pueblo.

Sobre la polémica de la comercialización agrícola, Marino Murillo Jorge, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y jefe de la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo, explicó que las figuras del vendedor mayorista solo existe en La Habana y podían vender en la capital, Artemisa y Mayabeque, pero comprar en todo el país.

Murillo apuntó que ese experimento se realizó en los tres territorios para, de funcionar, extenderlo a todo el país, pero luego de múltiples análisis, se decidió no hacerlo.

Es necesario enfrentar con decisión las actividades ilícitas que se dan en la comercialización agrícola, comentó el también Ministro de Economía y Planificación.

Luis Daniel Roger, delegado por Santiago de Cuba, reclamó que en el texto del documento de análisis de la implementación de los lineamientos se exprese críticamente que ese experimento no salió bien y que ese tema afecta al pueblo, por lo que tiene que quedar claro para que no se repita.

El documento discutido por los delegados valoró que la producción de alimentos en el último quinquenio ha mantenido un bajo ritmo de crecimiento, lo que supuso una elevada importación de alimentos que alcanzó los dos mil millones de dólares como promedio anual, de los que se pudieran producir en Cuba aproximadamente el 50 por ciento.

Sobre el tema de la entrega de tierra, datos actualizados señalan que unas 667 mil hectáreas están disponibles para su entrega, aunque se consolidó la política con la entrega desde 2008 hasta la fecha de un millón 830 mil hectáreas a 214 mil personas, la mayor parte con destino a la ganadería, cultivos varios y arroz.

Según se señala en el documento, en la ejecución de esta política se han detectado irregularidades, violaciones de los términos establecidos para el proceso, así como la falta de control en el cumplimiento de los contratos, lo que limitó el impacto significativo en la producción de alimentos.

La comisión tres continuará sus debates este domingo centrada en los nuevos lineamientos que se propondrán para su aprobación.

Las directrices aprobadas por el Sexto Congreso del Partido han servido de base al proceso de actualización del modelo económico y social de desarrollo socialista; desde entonces la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo ha trabajado en pos de lograr lo pautado en la reunión partidista de 2011.

A la reunión en el Palacio de Convenciones se llega con el 21 por ciento de los 313 lineamientos aprobados durante el anterior Congreso completamente implementados, el 77 en proceso y solo el dos por ciento no se han comenzado.