Por: Guillermo Alvarado

Lo nunca visto desde que terminó la dictadura militar en 1988 ocurrió esta semana en Brasil, cuando por un decreto del presidente no electo Michel Temer, avalado por el Legislativo, el ejército fue sacado a las calles del estado de Rio de Janeiro, en un intento desesperado por controlar la violencia que generan las bandas de narcotraficantes y otras formas del crimen organizado.

Desde el lunes, antes de la aprobación en la Cámara de Diputados, unos tres mil efectivos de la fuerza armada, con participación de la marina, el ejército y la fuerza aérea, ocuparon los principales puntos de acceso a este estado ubicado en el sudeste del Gigante Sudamericano.

Rio de Janeiro ha devenido uno de los puntos más violentos de la geografía brasileña y sólo en 2017 ocurrieron como promedio 16 tiroteos por día que dejaron un  resultado de seis mil 700 muertos, entre ellos 100 policías y diez niños.

La situación rebasó la capacidad de las autoridades y las fuerzas policiales locales y fue el argumento utilizado por Temer para ordenar una intervención militar que durará por lo menos hasta finales de año y causa gran preocupación en todo el país por las implicaciones que pueda tener.

Según el presidente de facto, el crimen organizado se adueñó de Rio de Janeiro y la única posibilidad de volver a la normalidad es aplicar la fuerza militar, lo que hace prever una represión sin límites y una espiral creciente de violencia que dejará a la población civil en medio de un enfrentamiento de dos fuerzas bien armadas.

Las dudas son razonables, pues el ejército en estos países no es una institución capacitada para ejercer tareas policiales. La filosofía de su preparación es otra y en ella no suelen entrar aspectos como el conocimiento profundo de las leyes y el respeto de las garantías individuales, legales y constitucionales de la población.

Conocerán mucho de tácticas y estrategias propias de su función fundamental, que es garantizar la integridad de la soberanía nacional, pero no de las correspondientes a mantener el orden y la legalidad en las calles.

Más malo aún es el hecho que de acuerdo con el decreto de Temer, la policía quedará subordinada a los mandos militares. Experiencias anteriores en otros países no han dado los resultados esperados y en México, por ejemplo, el empleo del ejército en la lucha contra el narcotráfico desencadenó una guerra que dejó ya decenas de miles de fallecidos o desaparecidos.

Tampoco hay que olvidar que la situación en Rio de Janeiro es resultado de la inoperancia de las autoridades, de la corrupción y de las políticas neoliberales del actual ejecutivo golpista, que se ha dedicado a desmontar los programas de beneficio social de los tres gobiernos anteriores del Partido de los Trabajadores.

La violencia es hija natural de la pobreza y está muy equivocado Temer si piensa que la podrá combatir con más violencia, mientras por otro lado aprieta cada vez más el lazo alrededor del cuello de millones de personas que han visto cómo se evaporan las conquistas de los últimos años.

Debiera recordar, más bien, que cuando la gente lo pierde todo, también suele perder el miedo.