Por Guillermo Alvarado

Faltan apenas tres meses y algunos días para que finalice en México el gobierno de Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional, y se realizan ya balances sobre el resultado de su gestión que, de acuerdo con algunos analistas, tiene aristas bastante negativas de manera particular en el tema de los derechos humanos, cuya violación fue una constante durante estos seis años.

Varias organizaciones presentaron recientemente un informe donde documentan la situación y cuyo título es un reflejo de lo vivido en ese país latinoamericano, dice así:“Defender los derechos humanos en México: El sexenio de la impunidad”.

Precisa el trabajo que desde el 1 de diciembre de 2012, fecha en que asumió su cargo Peña Nieto, y hasta el 31 de mayo de este año se perpetraron mil 743 agresiones de diverso tipo contra activistas humanitarios, entre ellas amenazas, ataques físicos, detenciones arbitrarias, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.

Una de las paradojas más terribles del gobierno que está por terminar es que no sólo se violaron las garantías fundamentales de decenas o cientos de miles de personas, sino que se mantuvo una sistemática hostilidad hacia los defensores de los derechos humanos y la mayoría de estos actos permanecen en la impunidad.

Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, afirmó que el mensaje del ejecutivo a la sociedad es que agredir a los activistas sale gratis y es una garantía de repetición.

Este es un problema que también afecta a otros importantes sectores del país, entre ellos los periodistas, líderes de comunidades indígenas, estudiantes, protectores del medio ambiente y del territorio, que resultaron blanco de ataques y cuyos autores nunca fueron alcanzados por el brazo de la justicia.

Desde diciembre de 2015 fueron asesinados 45 comunicadores en distintos lugares del país, sin que hasta el momento haya un solo caso en el que los autores materiales e intelectuales fuesen identificados, detenidos, juzgados y condenados.

Se suman a la lista los 43 alumnos de una escuela formadora de maestros del municipio de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, cuya desaparición a manos de agentes policiales cumplirá el mes que viene 4 años sin que sus padres reciban una explicación creíble sobre cuál fue su destino.

También creció el número de personas que denunciaron haber sufrido maltrato durante su detención arbitraria. En marzo de 2017 el relator especial de la ONU sobre la tortura dijo que en México esa es una práctica generalizada.

Jan Jarab llamó al futuro presidente Andrés Manuel López Obrador a que ponga final a este problema y para ello, dijo, el primer acto debe ser el reconocimiento de que tanto las violaciones a los derechos humanos, como la impunidad que rodea a los culpables existen realmente en esa nación.

La verdad y la justicia son elementos indispensables para comenzar a sanar las heridas en un país fracturado por una inusitada violencia y la insistencia de las autoridades de mirar hacia otro lado para no enfrentar las causas y buscar el remedio.