Por: Guillermo Alvarado

Ante la posibilidad de que militares estadounidenses sean juzgados por la Corte Penal Internacional, CPI, por graves violaciones a los derechos humanos durante la agresión contra Afganistán, la administración Trump descalificó a ese organismo y amenazó con tomar acciones contra los jueces que participasen en eventuales investigaciones en estos casos.

Johm Bolton, Consejero de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, dijo que no cooperará con la Corte y utilizará todos los medios necesarios para “proteger” a los ciudadanos de su país y de sus aliados de eventuales procesos.

Washington, dijo Bolton, también negociará acuerdos “más vinculantes” con otros países para prohibir que estadounidenses sean entregados a la CPI y presionará al Consejo de Seguridad de la ONU para limitar la acción de ese organismo e, incluso, garantizar que no ejerza su jurisdicción sobre los Estados Unidos.

Los antecedentes de esta institución se remontan hasta los primeros años tras la II Guerra Mundial, cuando la recién nacida Organización de las Naciones Unidas buscó crear un mecanismo destinado a juzgar y castigar a culpables de crímenes de lesa humanidad que por alguna razón en su país de origen, o en donde se cometieron los hechos, no pudiesen, o no quisieran procesarlos.

Luego de varios intentos y tras la ocurrencia de guerras que fueron escenario de violaciones a tratados y convenciones internacionales, como la de Estados Unidos contra Vietnam, se convocó a una conferencia en Roma en 1998.

En este encuentro, conocido como Estatuto de Roma, se acordó crear la CPI y de inmediato se abrió el proceso para su ratificación, lo que permitió que el 1 de agosto de 2002 entrara en vigor, con sede en la ciudad de La Haya.

Aunque está vinculada al sistema de Naciones Unidas, la Corte se declaró como una entidad independiente, sin subordinación a ninguna otra institución, y su objetivo específico es conocer casos de los delitos graves contra el derecho internacional, entre ellos crímenes de guerra, genocidio, lesa humanidad y agresión.

A contrapelo de estas decisiones, Estados Unidos promueve la firma de acuerdos con otras naciones para garantizar la inmunidad de sus soldados y personal de seguridad que hubiesen cometido delitos en esos territorios, lo que ha impedido la aplicación de la justicia aún en casos graves o de jurisdicción universal.

Esto es lo que se propone en el caso de Afganistán donde han muerto decenas de miles de civiles a manos de militares norteamericanos y de sus aliados. También es la causa de que se haya cerrado en Washington la oficina diplomática de la Organización de Liberación de Palestina, para impedir una eventual denuncia en la CPI contra su incondicional aliado, Israel, por las brutalidades cometidas en los territorios ocupados y en la Franja de Gaza.

De esta manera Estados Unidos no sólo pretende erigirse en policía del mundo, sino que también garantizar inmunidad e impunidad universal a sus tropas, con independencia de los crímenes que pudiesen cometer. Con estos truenos, como dice el refrán popular , que dios nos agarre confesados.