Por: Guillermo Alvarado

Transcurridos 59 meses desde la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, los padres de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, municipio del estado mexicano de Guerrero, siguen sin obtener verdad ni justicia por la desaparición de sus hijos, un crimen que ha conmovido a la comunidad internacional.

Se trata de un caso paradigmático, donde se muestran varias de las lacras que ensombrecen a la sociedad en ese país latinoamericano, entre ellas la corrupción de las autoridades, coludidas con el crimen organizado, la indolencia de los aparatos de investigación y justicia y el desamparo en que se encuentra la población en medio de un nefasto juego de poderes oscuros.

Hasta ahora son más las comisiones que se han creado para la búsqueda de la verdad, que los datos aportados por todas ellas en su conjunto. Durante los primeros cuatro años, correspondientes al gobierno de Enrique Peña Nieto, una poderosa voluntad logró mantener un manto de silencio casi inconmovible.

De los 43 jóvenes solo se sabe en términos generales que fueron detenidos por policías municipales de la ciudad de Iguala, donde pretendían realizar una manifestación para exigir mejores condiciones de estudios, y luego entregados a una banda criminal, que se habría encargado de eliminarlos.

El alcalde local y su esposa fueron detenidos, así como algunos jefes policiales de menor rango y funcionarios notoriamente corruptos, pero no pasó nada más.

La desaparecida Procuraduría General de la Nación emitió, con consentimiento del gobierno de Peña Nieto, la “verdad histórica” de que los 43 cuerpos fueron incinerados en un basurero cercano y sus cenizas esparcidas en un río, pero esa teoría choca con la realidad, como demostró un grupo científico independiente.

En esos días llovió intensamente, como suele ocurrir en septiembre en la zona, y no habría podido encenderse una hoguera de esa magnitud, y tampoco había combustible suficiente en el área para calcinar ese número de cuerpos.

¿Qué hicieron con las víctimas? ¿Por qué el ejército se negó tajantemente a abrir un cuartel cercano para investigar allí? ¿Por qué varios días después del crimen los teléfonos móviles de algunos de los estudiantes seguían activos? Son preguntas que aún aguardan respuesta.

Ahora hay un nuevo gobierno dirigido por Andrés Manuel López Obrador, que se ha mostrado dispuesto a escuchar a los familiares de los jóvenes y reactivar las investigaciones, pero nueve meses después no ha surgido la luz de la verdad y la confianza, como la fé, están menguando.

Pronto serán cinco años de aquella noche triste. En el ínterin se manipularon pruebas, se crearon falsas versiones, se jugó con el dolor de muchas familias, se mintió a la sociedad. Es tiempo ya de que el circo termine y se revelen los hechos como ocurrieron y que si, como todo indica, estos jóvenes murieron, sus parientes puedan cerrar el ciclo del duelo y los culpables, sean los que sean, reciban el castigo que merecen.