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Por María Josefina Arce.

En 2016 tras una asonada parlamentaria contra la presidenta Dilma Rousseff, elegida democráticamente en las urnas, asumió la jefatura de estado el golpista Michel Temer y se puso en marcha en Brasil una agenda neoliberal, destruyendo los beneficios para los brasileños alcanzados por los gobiernos del Partido de los Trabajadores y poniendo en peligro la soberanía del país con las criticadas privatizaciones.

Este es uno de los ejes del neoliberalismo. En América Latina es larga la lista de empresas estatales como minas,  telefonía, puertos y otras que han pasado a manos privadas.

Con Temer, de acuerdo con los especialistas, tuvo lugar en la nación suramericana la segunda ola de privatizaciones más grande en las últimas décadas. 

La multinacional TELESUR recuerda que Temer logró liquidar más de 57 empresas, relacionadas de manera directa o indirecta con los agronegocios. Su política benefició a las élites económicas y empresarios aliados.

La llegada al Palacio del Planalto del ultraderechista Jair Bolsonaro significó la profundización de esta estrategia de desmantelamiento. Entre sus planes están Petrobras y la empresa de Correos, que cuenta con unos cien mil funcionarios. 

Ya en febrero pasado el gobierno anunció la privatización de cinco parques nacionales, localizados en los estados de Río de Janeiro, São Paulo, Espíritu Santo y Minas Gerais.

Ahora en los últimos días el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil dio luz verde a la privatización de Eletrobras, la mayor compañía eléctrica de América Latina, responsable de un tercio de la generación en el gigante suramericano, y que además posee casi la mitad de las líneas de transmisión.

Esta antipopular medida, que ya fue aprobada a mediados de 2021 por el Congreso, se realizará mediante la emisión de nuevas acciones. De esta forma la participación estatal en el capital de Electrobras caerá del 72% al 45%, de acuerdo con los analistas.

El expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva afirmó que sin una Electrobras pública, Brasil pierde buena parte de su soberanía y seguridad energética, al tiempo que las facturas de electricidad serán más caras.

En ese sentido se pronunciaron igualmente los analistas, quienes advirtieron que este proceso se notará de inmediato en los bolsillos de la población trabajadora, que sufre el regreso de la inflación y los altos precios, con facturas más caras y abusivas.

Los brasileños, en su gran mayoría, rechazan la política privatizadora del presidente Bolsonaro que atenta contra el patrimonio público y solo favorece a la élite económica y los especuladores.