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Por María Josefina Arce

La privatización de los fondos de pensiones es uno de los ejes del modelo neoliberal, promovido por el Banco Mundial, el FMI, Fondo Monetario Internacional, y otras instituciones financieras. Chile, bajo la dictadura militar del general Augusto Pinochet, fue el primer país de América Latina en poner en marcha esta práctica, a la que se fueron sumando otras naciones del área.

Décadas de implementación de esa política afectaron a la masa trabajadora, agravaron la pobreza, la desigualdad de ingresos y de género, pues el salario promedio regional de las mujeres es menor que el de los hombres y a menudo se emplean a tiempo parcial. En definitiva esta práctica  solo benefició a las élites de la sociedad, a bancos y entidades financieras.

En algunos países se revirtió esa situación, tras la crisis de 2008 y la llegada de gobiernos progresistas, conscientes de que asegurar a los adultos mayores condiciones dignas de vida, luego de años de aportar a la sociedad, es un deber de todos.

Sin embargo, cada vez que la derecha se hace con el poder, vuelve a estar en la mira el fondo de pensiones. Ese es el caso de Ecuador, donde el presidente, el banquero Guillermo Lasso, denunció la ciudadanía,  maniobra para entregar a privados la seguridad social.

Los ecuatorianos por tanto, se aprestan a defender en las calles sus derechos. El FUT, Frente Unitario de Trabajadores, la mayor central obrera del país, convocó a una movilización para el venidero jueves.

Mesías Tatamuez, alto dirigente del FUT, expresó la amenaza de que el gobierno con el pretexto de que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social atraviesa una crisis, ponga en manos privadas algunas áreas como la administración de los fondos de pensiones.

La sociedad demanda que el ejecutivo cumpla con sus obligaciones y liquide la deuda millonaria existente  con el Instituto, que ha afectado la provisión de servicios de salud a los afiliados y el sistema de jubilación.

A esto se suma que en 2023 la institución tendrá además, una reducción de cien millones de dólares de su presupuesto, en comparación al año anterior. 

Ya las autoridades confirmaron una denominada "Comisión ciudadana"de expertos para evaluar la situación del Instituto. Una comisión de la que están excluidos los trabajadores y que sospechosamente está integrada por un ex gerente del Banco Central y un ex vicepresidente, quienes, denunciaron dirigentes sindicales, casualmente en su momento intentaron privatizar la entidad.

Ante la actual situación, el Frente Unitario de Trabajadores llamó a crear "Frentes de Defensa de la Seguridad Social" para impedir que se concreten las imposiciones del FMI y las prácticas neoliberales de Guillermo Lasso.

Los ecuatorianos saldrán a las calles a denunciar los planes gubernamentales. La privatización de los fondos de pensiones desvirtúa la esencia de los sistemas de seguridad social y hace que la incertidumbre forme parte de la vida de muchos cuando ya no puedan continuar en el mercado laboral.