Telesur

Por María Josefina Arce

Los argentinos continúan expresando su apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández, objeto de una persecución política que trasladada al plano judicial ha fabricado falsas acusaciones para sacarla de la vida política del país e impedir su participación en procesos electorales.

Bajo el lema "La ciudad con Cristina" tuvo lugar el encuentro en Buenos Aires, el tercero de este tipo de los últimos meses, pues se suma a los efectuados el 11 de marzo y el primero de abril.

Asimismo el pasado día 13  cientos de personas se movilizaron  en la capital, en los alrededores del Palacio de Tribunales para exigir una reforma judicial y el cese de las agresiones contra Fernández.

En diciembre pasado la ex mandataria recibió una sentencia de seis años de privación de libertad y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, por supuestas irregularidades en la adjudicación de 51 obras entre 2003 y 2015, hechos que la vicepresidenta rechazó y desmintió durante los tres años de audiencia.

Cristina Fernández denunció la existencia de una mafia, un estado paralelo y en varias ocasiones señaló que la sentencia ya estaba escrita. De hecho los fiscales implicados en el caso están vinculados al ex mandatario derechista Mauricio Macri.

Todo esto en medio de una intensa campaña mediática, se buscó que la sociedad argentina creyera en las falsas noticias que día a día inundaban los grandes medios de comunicación para desacreditar, criminalizar y minar el apoyo popular con que cuenta.

Un escándalo desatado en diciembre mostró la veracidad de las alegaciones de Fernández. Varios jueces, políticos y empresarios realizaron en octubre un viaje pagado a Bariloche, a la hacienda de un magnate británico amigo de Macri. En el grupo figuraba el magistrado Julián Ercolini, instructor de la causa contra la vicepresidenta.

Por demás, Fernández fue víctima en septiembre último de un frustrado atentado en la puerta de su casa. Los presuntos autores intelectuales no están acusados formalmente, y como se denunciara en el encuentro en Buenos Aires el poder judicial no ha dicho que ha pasado.

La persecución contra la ex presidenta es otro capítulo de un plan que ha ganado fuerza en los últimos años en América Latina y que ha tenido nefastas consecuencias para la democracia y los derechos humanos.

En la mira están líderes populares que buscan el bienestar de sus pueblos; ese es el caso también de Luiz Inácio Lula Da Silva, en Brasil, y de otros más. El ex dirigente sindical fue acusado igualmente de supuestos actos de corrupción y contra él se cometieron por la justicia brasileña numerosas arbitrariedades.

Irregularidades admitidas por el fallo del Supremo Tribunal Federal que en 2021 anuló las condenas por supuestas corrupción contra Lula Da Silva y le restituyó los derechos políticos.

La guerra judicial pretende quitar del camino con la cárcel a aquellos líderes del pueblo que puedan retornar y trabajar por el bien de sus países, algo que no está en la agenda de la derecha.