Por: Roberto Morejón

Una ola de repudio e indignación recorre los pueblos de América Latina y el Caribe ante la extensión por Estados Unidos del inconsistente decreto presidencial que considera a Venezuela como una amenaza para su seguridad.

Muchos reaccionaron con perplejidad, antes de expresar su rechazo a la medida, porque esperaban que a un año de firmarse el decreto, Estados Unidos lo descontinuaría.

La región al sur del Río Bravo expuso en la pasada Cumbre de las Américas efectuada en Panamá contundentes argumentos para refutar la determinación de Washington.

Gobernantes que hablaron en Panamá calificaron la disposición incompatible con la proyección interna y externa de una Venezuela que no interviene en los asuntos de nadie.

Tampoco el decreto presidencial estadounidense toma en cuenta que América Latina y el Caribe fue declarada Zona de Paz en la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, celebrada en La Habana en enero de 2014.

Aun al margen de inclinaciones políticas, es difícil admitir que la primera potencia del mundo pueda ver en Venezuela un peligro para su seguridad.

El país sudamericano no tiene afanes militaristas, colabora en las negociaciones de paz para Colombia y sus fuerzas armadas se ciñen a su función esencial, resguardar la soberanía.

Llevan razón los que llamaron la atención sobre la coincidencia de la dilatación de la orden ejecutiva que considera a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria, con la beligerancia de la ultraconservadora oposición en el país sudamericano.

Recuérdese que esa fracción política está envalentonada por los resultados de las elecciones legislativas de diciembre pasado.

Al controlar la mayoría de los curules en la Asamblea Nacional, la oposición derechista trazó una llamada “hoja de ruta” para desalojar por cualquier vía al presidente Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores.

Con toda lógica, el gobierno bolivariano reaccionó enérgicamente al pronunciamiento absurdo proveniente de Washington y decidió llevar el asunto a foros internacionales.

Venezuela, que ordenó el retiro de su encargado de negocios en Estados Unidos, hizo notar que la prórroga del provocador precepto siguió a más de un año de espera para que se acreditara como embajador a su actual representante en Washington.

Como señalara la Unión de Naciones Suramericanas, el decreto estadounidense en relación con Venezuela constituye una medida unilateral que viola el principio de no intervención en las naciones.

Los pueblos latinoamericanos y caribeños no se dejarán engañar ante la más reciente acción contra Venezuela, una nación hermana, pacífica y solidaria.