Madrid, 1 ago (RHC) El Tribunal Constitucional (TC) de España se reúne este lunes para examinar eventuales medidas ante la decisión del parlamento de Cataluña de continuar con el proceso de independencia de esa región del noreste del país europeo.
En abierto desafío a un dictamen del TC, los partidos secesionistas hicieron valer su mayoría absoluta en la cámara catalana para dar luz verde a las conclusiones del proceso constituyente, que abren la vía unilateral a la llamada desconexión con España, reporta Prensa Latina.
Según la resolución, aprobada el pasado miércoles, en la actualidad no hay ningún margen de acción para el reconocimiento del derecho a decidir del pueblo catalán dentro del marco jurídico constitucional y legal español.
Por tanto, sostiene el texto, la única manera posible de ejercer este derecho es por la vía de la desconexión y la activación de un proceso constituyente propio.
A favor de la iniciativa se pronunciaron los 72 diputados de la coalición Juntos por el Sí y la Candidatura de Unidad Popular (CUP).
Los grupos parlamentarios del conservador Partido Popular y del centroderechista Ciudadanos abandonaron el hemiciclo para desentenderse del resultado, mientras que el Partido Socialista de Cataluña se abstuvo de participar en la votación.
En contra se registraron los 10 sufragios del izquierdista Cataluña Sí se Puede.
El alto tribunal convocó para este lunes un pleno extraordinario con el objetivo de analizar el incidente de ejecución presentado el viernes por la Abogacía del Estado.
Una propuesta en la que el gobierno en funciones del conservador Mariano Rajoy pide al TC que declare nula, y sin efecto jurídico alguna, la resolución sancionada por el legislativo de Cataluña.
Además, la administración interina de Rajoy solicitó que se abra la vía penal contra la presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, por desobedecer sentencias previas del Constitucional relacionadas con el proceso secesionista.
Forcadell aseguró que su inhabilitación sería "profundamente antidemocrática'" y acusó al ejecutivo central de tratar de "coartar la libertad de expresión" de la Cámara.
En noviembre de 2015, la cámara autonómica aprobó una resolución, invalidada al mes siguiente por el TC, que preconizaba la desobediencia a las instituciones nacionales españolas.
El Constitucional advirtió entonces a las autoridades de esa región del noreste de la nación europea que no deben avalar nada que suponga desarrollar la declaración de ruptura con España, sancionada el 9 de noviembre del pasado año.
En esta cuestión, Rajoy cuenta con el apoyo del Partido Socialista Obrero Español, principal de la oposición, así como con el centroderechista Ciudadanos, agrupación nacida en Cataluña, pero contraria al nacionalismo.
Tras infructuosos intentos de celebrar un referendo de autodeterminación, los líderes independentistas catalanes apostaron por avanzar unilateralmente hacia la secesión, amparándose en la mayoría parlamentaria obtenida en las elecciones regionales de septiembre de 2015.