Realizan hoy marcha para denunciar actos corruptos del gobierno guatemalteco

Editado por Julio Pérez
2017-03-07 06:16:34

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Presidente Jimmy Morales

Guatemala, 7 mar (PL) Miles de personas realizan este martes a una marcha de protesta en la capital guatemalteca contra el Gobierno de Jimmy Morales, convocada por el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC).

Los manifestantes se concentrarán en las vías de acceso a la ciudad por el Norte, el Sur y el Oeste, y aunque aseguraron que caminarán en columnas para no afectar el tráfico es probable que compliquen el paso hacia el centro de la urbe con una marcha que llegará al Congreso y al Palacio Nacional de la Cultura, precisa Prensa Latina.

La perspectiva del bloque es exigir la renuncia del presidente de Guatemala, al que acusan de vínculos con la corrupción y de complicidad con la evasión fiscal, por condonar el pago de deudas de 216 empresas y privar con ello al Estado de fondos que podían destinarse a servicios como salud y educación.

Pero en el caso específico de la CNOC, a este reclamo se suma la inconformidad con la decisión del mandatario de avalar el funcionamiento de la Terminal de Contenedores Quetzal, pese al proceso penal abierto en su contra, y de autorizar licencias para empresas extractivas que agotan los recursos naturales.

Miembros del gabinete y diputados oficialistas, así como la propia familia del gobernante están involucrados en actos corruptos, lo que amerita su inmediata renuncia, considera esa organización civil.

Otra exigencia de los convocantes a la protesta es que acabe de una vez la criminalización de los dirigentes campesinos y defensores de los derechos humanos en este país.

El lunes televisoras de Guatemala dedicaron numerosos espacios a insistir en las eventuales consecuencias negativas para la economía y en otros órdenes de los presuntos bloqueos programados por Codeca y la CNOC para esta jornada.

Declaraciones de comerciantes, de ciudadanos, y de todo tipo de personas fueron calzadas con afirmaciones de funcionarios de la Procuraduría de Derechos Humanos y de otras instituciones que esgrimieron la Constitución Política para criminalizar al movimiento.



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