Caracas, 16 ago (RHC) El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, exigió ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el endurecimiento del código penal de Venezuela para acabar con la impunidad y castigar severamente los delitos de odio.

Moreno dispuso la subordinación de la máxima instancia judicial a las decisiones del mecanismo democrático y puso los cargos de los magistrados, incluyendo el suyo, a la consideración de los asambleístas, refiere Prensa Latina.

También agradeció el compromiso del Poder Constituyente en fortalecer la institucionalidad y democracia del país, luego de ofrecer sus consideraciones sobre la materia penal.

'Se requiere del mayor de los esfuerzos para recoger las mayores necesidades sociales y con prontitud plantear soluciones estructurales', indicó.

Además, rememoró que en los últimos meses, el Ministerio Público le dio la espalda a la justicia, generando una inusitada escalda de impunidad, por lo que, agregó, la ANC tiene una suprema responsabilidad de que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir.

Moreno manifestó la necesidad de revolucionar el aparato judicial, evitar la mercantilización de la justicia y la creación de mafias, lo que consideró una tragedia.

'Mucha puede ser la voluntad de los trabajadores en imponer la justicia expedita y transparente, pero se debe transformar el sistema con grandes innovaciones', opinó.

El presidente del TSJ propuso una revisión exhaustiva de la legislación penal.

Señaló que se debe trabajar para que el delito de intolerancia ciudadana o de odio sea comprendido dentro de la tipificación penal, porque tiene incluso carácter progresivo en el catálogo de los Derechos Humanos.

Moreno llamó a establecer penas de mayor cuantía de años para delitos graves como homicidio, secuestro, terrorismo, traición a la Patria y robo en cualquiera de sus modalidades.

'Creo, a mi humilde opinión, se deben cumplir más de 50 años de pena por cualquiera de estos', dijo ante los legisladores constituyentes.

Asimismo sugirió la revisión de las condenas por corrupción administrativa y establecer el máximo castigo de la ley para este delito.

Moreno planteó que el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) maneje un sistema de anticorrupción, que bien podría hacerse cargo de los bienes y recursos producto de la corrupción administrativa.

Destacó lo vital que significa supervisar los métodos de investigación penal y de los cuerpos policiales, a lo que sugirió la creación de una autoridad única especial de inspección policial, para que se revisen todos y cada uno de los integrantes.