Managua, 8 jun (RHC) La vicemandataria de Nicaragua Rosario Murillo resaltó lo ventajoso del diálogo del presidente Daniel Ortega con obispos de la Conferencia Episcopal.

“Fue una reunión importante, agradecemos en primer lugar a Dios, luego a los señores obispos, que se tomaron el tiempo para prepararlo y estar ahí”, expresó.

Estoy segura, agregó Murillo, de que a todos los asistentes nos reunió el amor a nuestro país, la fe en Dios y en que se recuperen los rumbos de cariño, encuentro, perdón, reconciliación y sobre todo bien común.

La vicepresidenta exhortó a los connacionales a no llenar sus corazones de resentimiento, rencor y odio, sino a buscar la capacidad de amarse, escucharse y entenderse para sacar al país hacia adelante.

La jerarquía católica informó ayer que entregó a Ortega una propuesta que recoge los sentimientos de muchos sectores de la sociedad, por lo que aguarda por su respuesta para valorar el futuro del diálogo nacional.

De acuerdo con el presidente de la institución, cardenal Leopoldo Brenes, cuando el mandatario responda formalmente, la Iglesia convocará a la mesa plenaria del diálogo para valorar el pronunciamiento y por lo tanto la factibilidad de continuar las conversaciones.

“Le hemos planteado al presidente el dolor y angustia del pueblo ante la violencia sufrida en las últimas semanas y la agenda consensuada en el diálogo sobre la democratización del país”, puntualizó.

Mediadora y testigo, la Iglesia suspendido el proceso el mes pasado ante la falta de consenso entre las partes.

Para el gobierno es una prioridad abordar el derecho de la ciudadanía a la paz, el trabajo, el cese de la violencia y de los bloqueos de vías en el país.

Mientras que sectores opositores rechazan esos planteamientos e insisten en discutir una ley marco, que incluye el adelanto de comicios generales, la no reelección y aplicar recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros puntos.

El canciller de la República, Denis Moncada, advirtió que la agenda de 40 puntos que la oposición pretendía imponer conducía a un golpe de Estado.

Una ola de violencia estalló el 18 de abril en medio de protestas contra reformas al seguro social, más tarde derogadas, pero que no detuvieron las manifestaciones, a las cuales se sumaron otras demandas políticas.

Mientras la Policía Nacional nicaragüense informó que grupos delincuenciales, con armas de fuego, morteros y bombas molotov, perpetraron actos de terrorismo y crimen organizado, como el incendio a la emisora Radio Nicaragua.

Individuos a bordo de dos vehículos llegaron en la madrugada a las oficinas de la emisora radial, intimidaron y sacaron con violencia al guarda de seguridad y al locutor, y luego saquearon e incendiaron las instalaciones, según reportó la fuente.

De acuerdo con medios periodísticos locales, el hecho fue ejecutado por vándalos que operan en el sector de la Universidad Autónoma de Nicaragua-Managua, tomada en el contexto de la ola de violencia que persiste en este país desde el 18 de abril.

Un joven murió anoche en el recinto Rubén Darío de esa institución por una pelea entre sujetos armados, que permanecen en el interior de la casa de altos estudios, según la policía, a pesar de que la Secretaría General denunció la ocupación y pidió el restablecimiento de las clases.

Las fuerzas del orden hicieron un llamado a respetar la vida humana, la propiedad pública y privada, así como el derecho de las personas a la libre circulación en el territorio nacional, ante los bloqueos de vías y carreteras impuestos.

El gobierno denunció que la situación de violencia delincuencial es generada por grupos políticos de oposición con agendas específicas, lo cual constituye una conspiración que viola la Constitución.

La crisis estalló contra reformas al seguro social, más tarde derogadas, pero que no detuvieron las protestas, a las cuales se sumaron otras demandas políticas.

Según observadores, tales reformas sirvieron de pretexto para poner en marcha un plan dirigido desde el exterior con el objetivo de desestabilizar la nación y provocar el derrocamiento del Ejecutivo.

La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz contabilizó hasta el 29 de mayo un total de 85 fallecidos y 997 heridos, todos sujetos a investigación y verificación, según aclaró.