Washington, 24 jul (RHC) El gobierno estadounidense liberó y reunió a mil 187 niños entre cinco y 17 años de edad con sus padres inmigrantes ilegales, detenidos en el intento de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.
Documentos presentados la víspera por el Departamento de Justicia ante una corte en San Diego, California, se refirieron a esa cantidad de reunificaciones y “bajas apropiadas”, cuyas características serán explicadas próximamente.
Tal procedimiento de unión fue ordenado por el juez federal Dana Sabraw, del referido territorio, el pasado 26 de junio, y en el caso de esos menores el plazo para juntar a ambas partes es de 30 días.
La administración incumplió el plazo fijado hasta el 10 de julio para situar con sus progenitores a 103 chicos de menos de un lustro pues solamente 58 han sido beneficiados.
Según un registro oficial del citado departamento, se han identificado a dos mil 551 niños que podrían ser atendidos por la orden de Sabraw.
En tanto, 917 no cumplen o se desconoce si cumplen los requisitos para la reunificación por lo cual son mil 634 los elegibles hasta ahora, mientras siguen los análisis con el fin de verificar la identidad de sus padres y garantizar la seguridad propia.
De acuerdo con las informaciones oficiales, 463 progenitores fueron deportados a sus países de origen, 130 rechazaron regresar al lado de los descendientes y 64 poseen antecedentes criminales.
Para la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, que demandó al Ejecutivo por la separación de familias, resulta preocupante la gran cantidad de menores sin el visto bueno destinado a regresar al lado de sus padres.
Ante la presión de diversos sectores, el presidente estadounidense, Donald Trump, frenó el pasado 20 de junio mediante una orden ejecutiva la criticada práctica de dividir a las familias.
Sin embargo, antes de la iniciativa del primer mandatario más de dos mil 500 menores, precisan datos oficiales, sufrieron la medida como parte de la política de “tolerancia cero” hacia los inmigrantes sin documentos, aplicada desde mayo.
Esa variante, rechazada a nivel nacional y foráneo, establece que cualquier detenido al cruzar ilegalmente el límite estadounidense sur será acusado de cargos criminales. (Fuente:PL)