Brasilia, 10 sep (RHC) Las últimas batallas judiciales por asegurar la candidatura presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, preso político hace 157 días, se libran durante esta jornada en el Supremo Tribunal Federal de Brasil.

Después que el Tribunal Superior Electoral rechazara una solicitud para prorrogar el plazo estipulado por esa corte en la designación del reemplazante de Lula, el Partido de los Trabajadores ingresó con un nuevo pedido ante el Supremo con ese fin.

En la demanda, la agrupación política solicita extender hasta el próximo 17 de septiembre la inscripción del nuevo candidato presidencial de la coalición El pueblo feliz de nuevo, que sería el actual aspirante a la vicepresidencia de la República Fernando Haddad.

El recurso será juzgado por el ministro del Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, quien el jueves último rechazó otro pedido interpuesto por la defensa de Lula que buscaba asegurar el registro del exprimer mandatario como candidato presidencial.

Mientras el Comité de Derechos Humanos de la ONU reiteró que el Estado brasileño debe garantizar a Luiz Inácio Lula da Silva el pleno ejercicio de sus derechos políticos, incluso los inherentes a su candidatura presidencial.

Una nueva determinación en ese sentido fue proferida este lunes por el organismo internacional, en respuesta a un pedido hecho por abogados de la defensa del expresidente para que éste se pronunciara sobre la decisión de las autoridades brasileñas de desacatar una indicación anterior de dicho Comité.

El 17 de agosto último, el Comité de Derechos Humanos de la ONU indicó al Estado brasileño que Lula debe tener garantizado el pleno ejercicio de sus derechos políticos, incluso los inherentes a su candidatura presidencial, “hasta que todos los recursos pendientes de revisión contra su condena sean completados en un procedimiento justo”.

Sin embargo, el 1 de septiembre pasado, por mayoría de votos, el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil se rehusó a aceptar la resolución y se negó a registrar la candidatura presidencial de Lula, además de dar un plazo de 10 días a la coalición El pueblo feliz de nuevo para que reemplazara su nombre en las urnas electrónicas.

Esta nueva decisión proferida hoy deja bien claro que Brasil está vinculado a las decisiones liminares del organismo y que todos los poderes, tanto el Legislativo, como el Ejecutivo y el Judicial, están obligados a acatarlas, manifestó la letrada Valeska Teixeira, citada por el portal lula.com.br.

No hay espacio para que esa determinación (de asegurar el registro de Lula como candidato a ocupar el Palacio de Planalto) no sea cumplida, pues como dice el comunicado del Comité, un Estado parte no puede invocar a su ley interna para incumplir la determinación, dijo por su parte el también abogado Cristiano Zanin.

En la sesión extraordinaria del TSE que se rehusó a aceptar la candidatura de Lula el informante del caso, ministro Luis Roberto Barroso, desconoció el carácter vinculante de la determinación del Comité de Derechos Humanos de la ONU y sostuvo que la justicia electoral brasileña no está obligada a someterse a la misma.

Barroso y los cinco togados que le respaldaron resolvieron excluir de la contienda electoral al exdignatario, alegando su inelegibilidad sobre la base de la llamada Ley de Ficha Limpia por estar condenado en segunda instancia; una situación que abogados de Lula han insistido es temporal y pudiera revertirse en las instancias superiores.

En una nota difundida aún antes de terminar el juzgamiento en el TSE, el Partido de los Trabajadores (PT) denunció la existencia en Brasil de “un sistema legal para los poderosos y un sistema de excepción para el ciudadano Lula”.

Ante la violencia cometida por el TSE contra los derechos de Lula y del pueblo que quiere elegirlo presidente de la República, el PT afirma que continuará luchando por todos los medios para garantizar su candidatura en las elecciones del 7 de octubre, dijo.

“Es una anulación política, basada en la mentira y en el arbitrio, como se hacía en tiempos de la dictadura”, subrayó el texto y anunció que serán presentados todos los recursos a los tribunales para que sean reconocidos los derechos políticos de Lula, previstos en la ley y en los tratados internacionales ratificados por Brasil.