Gabriela Alcón.

La Paz, 16 may (RHC) La viceministra de Comunicación de Bolivia, Gabriela Alcón, denunció este jueves tergiversaciones políticas sobre el Decreto Supremo (DS) 4732 por parte de la oposición, dirigentes gremiales y un denominado “comité de defensa de la propiedad privada”.

Esos sectores llaman a la población a realizar manifestaciones de protesta con el argumento de que ese instrumento legal es “lesivo a los derechos constitucionales”.

Alcón aseguró en conferencia de prensa que se trata de “un decreto de hace dos años de vigencia y (el cuestionamiento) nos parece político (…)”.

Reiteró la vicetitular del área adscrita a la cartera de la Presidencia que esa normativa rige desde hace un bienio y; sin embargo, hasta la fecha nunca se reportaron quejas o perjuicios.

Explicó que el DS 4732 tiene solo un objetivo que es precisamente, que, en los contratos entre partes, no se tengan cláusulas que vayan en contra de la población.

Vigente desde junio de 2022, esta normativa combate a las cláusulas y prácticas comerciales abusivas en contratos de preventa de bienes inmuebles, y castiga su incumplimiento con sanciones administrativas, económicas o penales.

“Quiero decirle a la población que no se deje engañar, que no estamos con ninguna intención, como ha señalado la oposición, de querer tener un control o quitarle la propiedad privada”, concluyó.

El 14 de mayo último, el Gobierno nacional abrogó el DS 5143 de modernización de Derechos Reales para evitar su politización, por la desinformación generada en torno a ello, y que se geste un plan de desestabilización y convulsión social.

“Como Gobierno nacional hemos atendido una vez más la solicitud de las organizaciones sociales y hemos tomado la decisión de abrogar este Decreto Supremo (5143) para evitar cualquier distorsión, cualquier convulsión social que se está buscando (…)”, advirtió el presidente, Luis Arce.

Tras una reunión informativa con el Pacto de Unidad en la Casa Grande del Pueblo (sede gubernamental), el jefe de Estado anunció la medida en conferencia de prensa.

Afirmó que el DS 5143, aprobado hace más de un mes, buscaba garantizar la propiedad privada de los bolivianos, pero que lamentablemente fue manipulado con fines políticos.

Explicó que existe un plan de desestabilización con el objetivo de desencadenar en las próximas semanas protestas sobre la base de este y otros temas sensibles para la población boliviana.

“Sabemos lo sensible que es este tema y que lamentablemente está siendo aprovechado con fines no solamente políticos, sino también hay un plan de desestabilización en marcha, para convulsionar el país a partir de este Decreto Supremo (…)”.

Lamentó Arce que desde medios de comunicación y redes sociales se engañe al país y se haya distorsionado el objetivo de la normativa que solo buscaba modernizar un servicio y garantizar la propiedad privada.