Comienza en La Habana Conferencia Internacional de Derecho de Familia

Editado por Julio Pérez
2017-05-11 05:40:49

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La Habana, 11 may (RHC) La IX Conferencia Internacional de Derecho de Familia se desarrolla desde ayer y hasta el viernes. En la misma participan alrededor de 60 expertos de 13 naciones para intercambiar sobre los avances y desafíos en ese campo del saber.

El encuentro incluye la IV Escuela Iberolatinoamericana de esta disciplina y otras afines y el III Congreso Centroamericano y del Caribe de Derecho de Familia, en tanto a nivel de comisiones y en paneles los delegados debatirán experiencias e ideas, que ayuden a valorar no solo por cuáles caminos se transita sino cómo lograr los impactos o resultados deseados en cada nación, informa el diario Granma.

Olga Mesa Castillo, presidenta de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia, de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC), dará la bienvenida a los representantes de Chile, Brasil, Nicaragua, Panamá, México, Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Argentina, República Dominicana, Estados Unidos, Costa Rica y Cuba, que asistirán a la cita.

Asuntos relacionados con el envejecimiento poblacional, la orientación sexual y la identidad de género, el derecho a la alimentación, la atención a las personas con discapacidad, la protección a los menores de edad, y la solución armónica de conflictos familiares, entre otros, ocuparán la atención de los participantes en esta conferencia internacional.

Como antesala a la misma, en un taller precongreso realizado el martes en la sede de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, su vicepresidenta, Yamila González, explicó que, aunque más del 80 % de los jueces, fiscales y abogados cubanos son mujeres, no siempre en su desempeño profesional prevalece la perspectiva de género.

Ello ha conllevado a realizar cursos, talleres, diplomados y otras acciones de superación en todo el país, y en los planes de estudios de las facultades de Derecho introducir asignaturas optativas en materia de género, que les permita visualizar mejor manifestaciones discriminatorias en conflictos o procesos penales y, por consiguiente, actuar con mayor justeza.



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