La Habana, 18 may (RHC) Puerto Rico inició este miércoles un complicado proceso de bancarrota con el cual deberá reestructurar ante los tribunales los más de 70.000 millones de dólares que tiene de deuda.

El caso sobresale por ser la bancarrota más grande de un territorio bajo jurisdicción de Estados Unidos, al que la isla está unido como un Estado Libre Asociado. Un estatus que le otorga cierto grado de autonomía, aunque no en política monetaria.

La víspera, los principales acreedores de la nación caribeña comparecieron ante una jueza federal estadounidense en un tribunal de San Juan, la capital y mostraron interes en continuar con las negociaciones para alcanzar un acuerdo que resuelva el profundo problema de impagos del territorio.

Puerto Rico busca reestructurar no solo los más de 70.000 millones de dólares de deuda procedentes de diferentes agencias, sino también los cerca de 45.000 que tiene en pasivos de pensiones. Por ello, la principal preocupación de los acreedores ahora es si podrán recuperar todo el dinero que se les debe. "No hay suficiente información, especialmente en lo que se refiere a plazos y posibles recuperaciones", explicó a medios de prensa Shaun Burgess, gerente de cartera de Cumberland Advisors Inc en Sarasota (Florida).

La audiencia marca el inicio de un proceso que podría tardar meses o años en resolverse, y que es la culminación de dos años de amargas discusiones entre el Gobierno de Puerto Rico, sus acreedores y los legisladores federales sobre la forma en la isla debería abordar la carga de deuda, que ha arruinado su economía. 

Puerto Rico hizo historia a principios de este mes al convertirse en la primera jurisdicción estatal de EE.UU. en acogerse a un mecanismo de quiebra, bajo el título III de la ley federal PROMESA, aprobada en junio de 2016 por el Congreso estadounidense, para ofrecer una solución a la millonaria deuda del territorio. El citado título le permite reducir sus obligaciones de deuda por la vía legal. (RT)