Londres, 5 may (RHC) Tal como se informó en este diario el pasado mes de marzo, en noviembre del 2015, el banco Co-op Bank cerró las cuentas bancarias de la Campaña de Solidaridad con Cuba (CSC) radicada en el Reino Unido, citando entre los motivos un cambio en su “apreciación de riesgo” y “regulaciones globales”.
Ahora, luego de una gran campaña promovida por miembros y afiliados de la CSC, el director ejecutivo del banco, Niall Booker, finalmente confirmó por escrito que el motivo del cierre se debía al “riesgo” que surge de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba. En respuesta a las preguntas directas de activistas de la CSC, Booker afirmó: “es cierto que las sanciones que se aplican son las impuestas por la OFAC”, refiere este jueves el periódico Granma.
De tal forma, el banco reconoce la aplicación extraterritorial del bloqueo en este caso. Obedecer las sanciones impuestas por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, es ilegal según la ley británica y de la Unión Europea.
Tanto el gobierno británico como la Unión Europea se opusieron al fortalecimiento por Estados Unidos de la aplicación extraterritorial del bloqueo en los años 90, a través de las leyes Torricelli (1992) y Helms-Burton (1996). El Consejo Europeo implementó en 1996 el Reglamento (CE) no. 2271/96, “relativo a la protección contra los efectos de la aplicación extraterritorial de la legislación adoptada por un tercer país (en este caso los Estados Unidos) y contra las acciones basadas en ella o derivadas de ella”.
Ese mismo año el gobierno británico aprobó el decreto no. 3171 para la “Protección de los intereses comerciales” sobre la legislación extraterritorial de Estados Unidos. Dicha legislación otorga al gobierno la facultad de penalizar a personas jurídicas y naturales que hacen uso de la legislación norteamericana en territorio británico, como medida de contrarrestar sus efectos.
Sin embargo, aunque esta legislación conste como ley aprobada por el parlamento, nunca se ha aplicado, a pesar de que la propia Oficina de Comercio e Inversión (UKTI por sus siglas en inglés) del Reino Unido cita la misma al aconsejar a los que quieren desarrollar el comercio con la Isla que las sanciones norteamericanas no representan un impedimento legal.
Dado lo anterior, la CSC prosigue con su campaña, llamando a sus activistas a escribir a sus respectivos diputados parlamentarios exigiendo que el gobierno británico inste al Co-op Bank poner fin a sus políticas discriminatorias contra las organizaciones que deseen realizar transacciones bancarias con Cuba; aplique la legislación vigente del Reino Unido para contrarrestar los efectos extraterritoriales del bloqueo; y presente quejas urgentes y firmes a las autoridades pertinentes de los Estados Unidos para que cese la aplicación de dichas medidas ilegales.
Igualmente, la CSC ha escrito al Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth y el Departamento de Comercio e Industria del Reino Unido, para protestar y solicitar que el gobierno británico presente quejas urgentemente al gobierno de los Estados Unidos y al Co-op Bank para asegurar que las personas y empresas británicas sean libres de realizar transacciones y trabajar con Cuba sin ser sujetos a las sanciones del bloqueo.
El Grupo Parlamentario Multipartidista sobre Cuba (All Party Parliamentary Group on Cuba o APPG por sus siglas en inglés) también ha tomado acciones y ha escrito directamente al gobierno del Reino Unido sobre el tema. La diputada Cat Smith, presidenta del APPG, manifestó: “No puede ser correcto que esta organización radicada en el Reino Unido (CSC) se vea penalizada debido a las políticas del bloqueo de los Estados Unidos, cuando la organización hace nada más que promover mejores relaciones entre el Reino Unido y Cuba, de acuerdo con las políticas del gobierno del R.U”.
Mientras que la UKTI reconoce: “El riesgo de sanciones de Estados Unidos puede crear incertidumbre y las empresas, especialmente los bancos, a veces se encuentran atrapados entre los requisitos legales en conflicto”; los solidarios con la Isla siguen la campaña para que el gobierno actúe de manera bien clara para asegurar que los que se encuentren en circunstancias semejantes puedan apoyarse en la soberanía de las leyes del país en donde radican, y no verse obligados a aplicar las sanciones de la OFAC.
