Quito, 16 sep (RHC-PL) El gobierno de Ecuador reiteró la validez de las conclusiones emitidas por la Organización de Naciones Unidas al considerar la detención del australiano Julian Assange como arbitraria y recomendar su liberación inmediata.

El respaldo de Quito al trabajo del Grupo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas (opinión 54/2015) responde a la decisión, enunciada esta jornada por la Corte de Apelación de Svea (Suecia), de negar al programador su pedido de revocatoria de la orden de detención en su contra.

Desde junio de 2012, el Gobierno del Ecuador ha llevado adelante iniciativas para garantizar el debido proceso, evitar dilaciones innecesarias y alcanzar una solución satisfactoria para todas las partes, informó la cancillería ecuatoriana en un comunicado oficial.

El texto insiste en que en reiteradas ocasiones la administración nacional ofreció a la Fiscalía de Suecia alternativas para avanzar con las diligencias.

'Sólo después de que la Corte de Apelación de Svea y la Corte Suprema de Suecia, en 2014, responsabilizase a la Fiscal Marianne Ny, de incumplir su obligación de buscar vías alternativas, pudo firmarse el acuerdo de cooperación judicial propuesto por Ecuador', puntualiza el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

'Fiel a su larga tradición de defensa de los derechos humanos, en particular los de las víctimas de persecución política, el Ecuador ratifica la vigencia del asilo concedido a Julian Assange hace cuatro años', afirma el Comunicado.

Finalmente, reafirma la intención del gobierno de salvaguardar, hasta que llegue a un lugar seguro, la integridad física y la vida del ciberactivista, fundador del portal digital WikiLeaks, donde divulgó miles de documentos secretos sobre conspiraciones, corrupción, crímenes y mentiras, los cuales incriminan a varios gobiernos, principalmente el de Estados Unidos.

Sobre Assange, quien lleva más de cuatro años asilado en la Embajada de Quito en Londres, pesa una causa en Suecia por presuntos delitos sexuales, cuyos cargos no han sido siquiera formulados.

A juicio de sus abogados, se trata de un mecanismo usado por el país nórdico en complicidad con las autoridades británicas, para extraditarlo a Estados Unidos, donde podrían condenarlo incluso a la pena de muerte por divulgar información clasificada.

El pasado 23 de agosto, la cancillería ecuatoriana emitió un comunicado reiterando el compromiso de proteger la vida e integridad física, luego que un desconocido intentó acceder, sin permiso, a la sede de la misión diplomática y las autoridades británicas no respondieron con celeridad al incidente, considerado de extrema gravedad.

Por su parte, la Fiscalía General informó recientemente que el próximo 17 de octubre, el informático australiano emitirá su declaración ante un fiscal de Ecuador y funcionarias suecas, como parte de la investigación en su contra.

El magistrado Wilson Toainga fue el funcionario público designado para recopilar la información, basada en preguntas entregadas por el Ministerio de Justicia de Suecia y también es posible que se les extraiga una muestra de fluidos corporales.