Ciudad Panamá, 15 dic (RHC) El pensamiento nacionalista panameño repudió las sanciones extraterritoriales de Estados Unidos que obligarían a vender o cerrar dos medios locales de prensa.
Los panameños convocaron a una marcha por la dignidad nacional el próximo 21 de diciembre en la capital del país, para defender al empresario Abdul Waked de las acusaciones de lavado de dinero.
Desde el 5 de mayo, la Oficina norteamericana de Control de Activos Extranjeros, colocó a Waked y sus empresas Grupo Editorial El Siglo y La Estrella, en una lista negra bajo el cargo de lavado de activos.
El creciente deterioro del sector agropecuario panameño se refleja también en el descenso de las exportaciones, que cayeron en 17,2 por ciento en el último cuatrienio, según cifras de la Contraloría General de la República.
Fuertes conflictos con el Gobierno mantienen productores de arroz, cebolla y otros rubros por el incremento de las importaciones, que a criterio de esos gremios es la principal razón de la contracción de la mayoría de las ramas, y es motivado por los tratados de libre comercio, en opinión de los perjudicados.
La ganadería vacuna sufrió la mayor pérdida en el mercado externo, al comparar estadísticas de enero a septiembre de 2012 e igual período en 2016, cuando cayó la venta en pie y de carne en 85 y 34,7 por ciento, respectivamente.
En un intento de defender su gestión, el ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Eduardo Carles, dijo al diario La Estrella que los distintos gobiernos debilitaron esa institución, le quitaron protagonismo comercial y lo desmembraron.
"En este momento, el agroexportador no ve al MIDA como un compañero. El agroexportador va primero al Ministerio de Comercio e Industrias y luego viene al MIDA", afirmó.
Para cambiar esta realidad, Carles informó que el primer trimestre 2017 se abrirá una oficina de agronegocios en su institución, que contará con economistas agropecuarios, abogados comerciales y otros expertos.
Otro criterio tienen los arroceros, quienes se consideran engañados por el MIDA, que tiene subordinado el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), el cual se encarga de las importaciones y la compra a los productores nacionales, pero prioriza las primeras, según las denuncias del gremio.
El acuerdo con los cosecheros es que durante el período de recolección no se recibe arroz del extranjero, y la cuota anual de adquisición está limitada a cubrir las 113,6 toneladas métricas que es el déficit del consumo nacional no cubierto por los aportes locales.
Sin embargo, varias denuncias de competencia desleal de los importadores se realizaron en las últimas semanas, cuando representantes del ramo aseveraron que la cifra permitida se duplicó este año y ocasionó un bloqueo del procesamiento industrial en plena cosecha de los campos panameños, situación que continúa.