Brasilia, 4 ene (RHC) La reciente masacre ocurrida en una cárcel de Manaus no constituye un hecho aislado, sino que es reflejo de la crónica situación de los centros penitenciarios en Brasil, valoró la ONU en un comunicado difundido aquí.

Instamos a las autoridades brasileñas a tomar medidas para prevenir esa violencia y para proteger a quienes están bajo su custodia, subrayó la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) en una nota a propósito de la matanza de comienzos de este año en el Complejo Penitenciario Anísio Jobim.

Como consecuencia de la revuelta en esa penitenciaría y en la Unidad de Prisión de Puraquequara (UPP), ambas en el estado de Amazonas, fueron asesinados 60 reclusos y se evadieron 184 reos, de los cuales fueron capturados hasta hoy solo 56.

En su mensaje, la Acnudh exigió también que se acometa una investigación inmediata, imparcial y efectiva de los hechos y que quienes resulten responsables por los mismos sean llevados ante la justicia.

Por su parte, el representante de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América del Sur, Amerigo Incalcaterra, condenó la 'extrema violencia' ocurrida en los presidios de Manaus.

Incalcaterra enfatizó que las violaciones de los derechos humanos son frecuentes en el sistema penitenciario brasileño, incluyendo la práctica de tortura y el maltrato, así como las inadecuadas condiciones de vida en el interior de las unidades.

Recordó que después de visitar Brasil en 2015 el entonces relator de las Naciones Unidas contra la tortura, Juan Méndez, concluyó que la severa superpoblación de las prisiones lleva a crear condiciones caóticas dentro de las mismas.

Los desórdenes en el Complejo Penitenciario Anísio Jobim, donde fueron masacrados 56 reclusos, se prolongaron durante 17 horas entre los días y 2 de enero y fueron provocados por el enfrentamiento entre dos bandas criminales, las cuales compiten por el control de actividades ilegales en la región amazónica.

Se trata del Primer Comando de la Capital (PCC), asentado en Sao Paulo; y la Familia del Norte (FDN), que domina el tráfico de drogas y es aliada del Comando Vermelho (CV), una mafia con base en Río de Janeiro.

Desde el segundo semestre de 2015, líderes de la FDN son señalados como los principales sospechosos por el asesinato de miembros del PCC, un grupo que surgió en Sao Paulo, pero ya tiene presencia en casi todos los estados del país.

Durante la revuelta fueron tomados como rehenes empleados de la prisión y 74 reclusos, la mayor parte de los cuales fueron asesinados y sus cuerpos lanzados por encima de los muros del complejo.

La masacre del Compaj se inscribe como la segunda más sangrienta en la historia del sistema penitenciario de Brasil, después de la ocurrida en 1992 en Carandiru, Sao Paulo, cuando 111 presos fueron muertos por efectivos de la Policía Militar.