Bogotá, 11 feb (RHC) La gran operación diseñada por el Gobierno y las FARC-EP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejercito del Pueblo, posibilitó la llegada a las zonas de transición de unos 6 200 guerrilleros de ese grupo, en fase de desmovilización.

El mecanismo tripartito de supervisión, precisó que para garantizar el éxito del traslado fueron planificados 36 desplazamientos con el acompañamiento de los supervisores y otros colectivos de apoyo.

Representantes gubernamentales de las fuerzas insurgentes y una misión política de la ONU, integran la delegación de observación encargada de verificar el cumplimiento del cese el fuego bilateral y del desarme de las FARC-EP.

Por su parte, el líder de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, advirtió sobre amenazas de un grupo armado en medio del desplazamiento de integrantes de esa guerrilla colombiana hacia una de las zonas veredales de transición donde abandonarán las armas.

Campesinos que acompañaban la caravana de traslado de las FARC-EP a la vereda Caño Indio (Norte de Santander), decidieron no avanzar hasta que se den las garantías, denunció el comandante guerrillero mediante su cuenta en Twitter.

A través de esa red social Jiménez exigió al Gobierno la puesta en marcha de la unidad que estará encargada de investigar y desmantelar organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo, medida contenida en los acuerdos firmados por ambas partes.

Más de seis mil miembros de esa agrupación rebelde llegaron ya a las zonas y puntos de transición (esos últimos menores que las primeras) para dejar el armamento y prepararse con vistas a su reintegración en la vida civil.

Con tales fines fue planificada una megaoperación que incluyó una treintena de movimientos desde lo más intrincado de la selva por caminos y caudalosos ríos.

Virtualmente detenido, el traslado hasta Caño Indio de una facción del frente 33 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) es uno de los últimos pasos para concluir totalmente tal movilización, llamada la gran marcha final de esos insurgentes.

El pasado 24 de noviembre el presidente Juan Manuel Santos y Jiménez suscribieron el acuerdo definitivo con el que se comprometieron a terminar los enfrentamientos y hostilidades.

Dicho consenso incluye medidas como el cese el fuego bilateral y el desarme de las FARC-EP, que acabará a más tardar en junio.

Defensores de derechos humanos, dirigentes comunitarios y políticos han alertado acerca de lo que consideran una revitalización del fenómeno paramilitar, al que responsabilizan por el asesinato en 2016 de unos 90 activistas de izquierda y militantes de la plataforma Marcha Patriótica.

Este viernes el comandante del igualmente rebelde Ejército de Liberación Nacional Pablo Beltrán explicó que tropas de su organización se han dirigido hasta distintas regiones para proteger a la población de los paramilitares.

La gente nos llama pidiendo ayuda, y a donde podamos llegar iremos; comentó en declaraciones a Caracol Radio.