Buenos Aires, 10 may (RHC) Organizaciones sociales y de derechos humanos marchan hoy desde el Congreso hasta la emblemática Plaza de Mayo para protestar contra un reciente fallo de la Corte Suprema argentina que ha generado un rechazo unánime y sobre la cual no se ha pronunciado el presidente Mauricio Macri.
Se espera que la manifestación de esta tarde sea masiva en repudio a un fallo del Máximo Tribunal que hace exactamente una semana decidió hacer aplicable la ley conocida como 2x1 que reduce el cómputo de prisión para aquellos con crímenes de lesa humanidad, destaca Prensa Latina.
Bajo el lema Señores jueces, nunca más, las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea fundadora, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas entre otros organismos, saldrán a repudiar esta ley que, afirman, abre la puerta a la impunidad de los genocidas.
Las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora pidieron a los que asistan a esta manifestación portar por 'única vez' el pañuelo blanco, símbolo que caracterizan a estas mujeres que desde hace más de 40 años luchan por la memoria de sus hijos y nietos detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983).
Durante el acto central avisaremos desde el escenario el momento preciso en el que todos los presentes nos colocaremos los pañuelos en la cabeza como señal de repudio al 2x1 y en representación de los 30 mil desaparecidos y toda una sociedad que tiene memoria, apuntaron en la convocatoria.
Desde que salió a la luz la noticia, varios represores solicitaron acogerse a la normativa, entre ellos el excomisario Miguel Etchecolatz y el exagente de Inteligencia Arnoldo José 'Chubi' López, condenado a cadena perpetua por cometer torturas seguidas de muerte y la apropiación de menores.
La decisión de aplicar el 2x1, vigente de 1994 a 2001, fue dictada en la causa de Luis Muiña, quien en 2013 fue condenado a 13 años de cárcel por ser coautor del delito de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos en cinco casos.
La víspera la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría y envió al Senado un proyecto de ley para bloquear cualquier posibilidad de reducción de penas a los condenados por delitos de lesa humanidad.
