Santiago de Chile, 22 jun (RHC) Las sentencias dictadas contra nueve ciudadanos bolivianos en Chile, junto con la decisión de expulsarlos del país austral, acentuó el largo diferendo entre los dos países enemistados desde 1978.

Bolivia recibió con mal sabor de boca el fallo de la jueza de Garantía de Pozo Almonte, Chile, Isabel Peña, quien determinó la expulsión de los nueve funcionarios bolivianos detenidos desde el pasado 19 de marzo en un confuso incidente fronterizo, informa Prensa Latina.

El tema, todavía en el ambiente, enrareció las complejas relaciones entre Bolivia y Chile, de hecho ceñidas al nivel consular.

Ante el anuncio, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, hizo un llamado 'a evitar situaciones de politización de procesos judiciales y que, de este caso, se saquen las conclusiones correspondientes para el futuro'.

Sus comentarios en un comunicado de prensa, en el que recalcó que su Gobierno respeta los fallos de los tribunales y los cumple íntegramente, en línea con la independencia y separación de los poderes del Estado, fueron respondidos de inmediato.

El presidente boliviano, Evo Morales, y varias autoridades del país del altiplano, calificaron de manipulación política y ensañamiento el resultado del proceso, y adelantaron que seguirán sus denuncias por violaciones de los derechos humanos.

En una larga lectura de los atestados, la jueza declaró a los imputados culpables de los delitos de robo con intimidación y contrabando, mientras que a dos de ellos también por porte ilegal de armas.

Las penas serán conmutadas por la expulsión del país, decretándose un plazo de 30 días para que abandonen territorio chileno. Además, deberán pagar una multa individual de 32 millones de pesos (unos 48 mil dólares cada uno).

El grupo de bolivianos siempre negó los cargos.

No obstante, los siete aduaneros y dos militares bolivianos se declararon culpables para poder obtener en juicio abreviado la libertad.

De esta forma, Alex Carvajal, Carlos Calle, Arsenio Choque, Casimiro Tórrez, David Quenallata, Karl Luis Guachalla, Bryan Quenallata, Edilberto Raúl Flores y Diego Guzmán fueron sentenciados a tres años y un día por el delito de robo con violencia y al pago de la multa mencionada; y por contrabando.

Además, Carvajal y Calle fueron condenados a tres años y un día más, por porte ilegal de armas.

Las penas de privación de libertad serán sustituidas por su expulsión del país, la cual deberá materializarse dentro de los próximos 30 días.